Hugo Chávez heredó un control total del carbón a su “delfín” Nicolás Maduro, quien tras asumir el mando contravino lineamientos ecológicos de su mentor y entregó concesiones a tres empresas chinas en Venezuela entre 2015 y 2017 para explorar y producir la codiciada riqueza de las minas del Guasare, en Zulia. Los planes fueron fallidos y las firmas del Estado chino involucradas en las obras están salpicadas por denuncias de sobreprecios, ineficiencia y corrupción. La resistencia de comunidades indígenas y grupos ecologistas es un muro hasta hoy infranqueable. Las condiciones de pago de los proyectos no concretados permanecen en la opacidad pero la explotación de la piedra negra se asoma nuevamente aunque con nuevos socios.


El teniente coronel retirado Hugo Chávez Frías, entonces Presidente venezolano, pregonaba el 24 de mayo de 2006 contra las ansias de hacer dinero a toda costa en el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores, sede del Gobierno central en Caracas. Era ese el epicentro del capitalismo, némesis de su proclamado socialismo. Su “alfa y omega”, le llamó.

Entre ministros y funcionarios de alto nivel, se declaró rotundamente opuesto a explotar carbón en Venezuela si ello significaba acabar con bosques, ríos y selva. Detalló, de hecho, que le había indicado al general retirado Carlos Martínez Mendoza, presidente de Corpozulia -organismo estatal que diligenciaba proyectos milmillonarios de desarrollo en la región occidental, considerado una especie de gobernación paralela debido a su alto presupuesto e influencia-, que suspendiera un plan de explotación del carbón “en grandes dimensiones” tras escuchar “unas críticas” de corte ambiental que habían llegado a su despacho.

“Yo dije: ‘mire, si no hay un método que asegure el respeto a las selvas y a las montañas que tardaron millones de años en formarse, por allá en la Sierra de Perijá, ¿no?, donde está este carbón, entonces, si no hay un método que me demuestre de verdad, verdad, que no vamos a destruir la selva, ni a contaminar al ambiente en esos pueblos, si no me demuestran, ese carbón se quedará debajo de la tierra, no lo sacamos de ahí, que se quede debajo de la tierra’”, contó, en referencia a aquella conversación que tuvo con el funcionario.

Chávez, en al menos tres oportunidades posteriores, insistió en que era necesario deponer los planes carboníferos de su Gobierno si ello atentaba contra el ecosistema del estado Zulia, el más poblado de Venezuela, en la frontera occidental con Colombia, zona considerada cuna de la hasta entonces robusta industria petrolera nacional. Se refirió en similares términos a los proyectos carboníferos en el occidente venezolano durante un mitin político en Maracaibo, capital de Zulia, en junio de ese mismo año; luego, en noviembre, en un encuentro energético realizado en el estado oriental de Nueva Esparta; y también al año siguiente, en un acto sobre soberanía petrolera en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, en el estado Anzoátegui, zona de explotación petrolera en el oriente del país.

Sus palabras eran un giro de timón en la concepción minera del chavismo hasta entonces. En 2004, su Gobierno aprobó concesiones de tres minas a lo largo de los ríos zulianos Socuy, Mache y Cachirí para ser operadas por las estatales Corpozulia, Carbozulia, la empresa privada Vale do Rio Doce -un conglomerado de accionistas de Estados Unidos, Holanda y Brasil-, la irlandesa Caño Seco, y la Inter-American Coal, de capital estadounidense y holandesa. La compañía chilena Carbones del Perijá recibió ese mismo año una concesión del Gobierno venezolano para explotar el mineral en 12.000 hectáreas de tierras previamente demarcadas para la comunidad barí.

El derrame de 20.000 litros de diesel desde las minas zulianas hacia el río Guasare, así como las crecientes presiones de comunidades indígenas de la Sierra de Perijá, contribuyeron al cambio de la retórica y la acción minera del Gobierno. Un informe del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Renovables, en 2005, reveló que la explotación de carbón generaba una contaminación considerable mediante la presencia de metales pesados en el agua y la notoria existencia de partículas suspendidas en el aire. El documento precisó que la expansión de operaciones en la zona afectaría a los embalses Manuelote y Tulé, de los que depende el servicio de agua potable de la costa occidental del Lago de Maracaibo, entre ellos la capital y una decena de municipios de ese estado fronterizo.

La explotación del carbón venezolano es de antiquísima data, no obstante. La historia refleja acuerdos del general Antonio Guzmán Blanco con la Sociedad de Costa Firme en 1882 para explotar carbón de piedra entre 1887 y 1891 en Naricual, Capiricual y Tacarapo, en el oriente de Venezuela. Los geólogos y expertos en explotación energética ubican el mineral en zonas como Guárico, Aragua, Anzoátegui, Táchira, Falcón y las cuencas carboníferas de Zulia. En las últimas se abrió en 1987 la primera mina oficial, bautizada como Paso Diablo, que está ubicada en la cuenca del río Guasare. Entonces, empresas transnacionales la operaban con una presencia minoritaria del Estado venezolano.

El carbón venezolano, particularmente el zuliano, es calificado como de alta calidad en mercados internacionales por ser bajo en azufre, cenizas y con alto poder calorífico, a diferencia del extraído en el Caribe.

Carbones del Guasare ha reportado cálculos de 400 a 500 millones de toneladas métricas de reservas de carbón, mientras viceministros del Gobierno han especificado que solo en las minas Norte y Paso Diablo hay 220 millones de toneladas.

Sin embargo, la institución geológica de Estados Unidos, conocida como US Geological Survey, USGS por sus siglas en inglés, ha publicado data según la cual Venezuela tiene alrededor de 10.000 millones de toneladas de reservas probadas de carbón y detalla que más de 90 por ciento de ellas se encuentran en el estado Zulia. Esos informes citan documentos de 1996 del Ministerio de Energía y Minas venezolano para tal estimación. Detalla la dependencia norteamericana que la producción de carbón venezolano aumentó “casi 400 por ciento a nueve millones de toneladas por año” en un período de diez años que incluye a la gestión de Hugo Chávez como Presidente, principalmente por el desarrollo del Guasare.

Un par de años luego de su arenga ecologista sobre el capital, el dinero y el carbón, Chávez encabezó una espiral de expropiaciones y nacionalizaciones de empresas vinculadas al sector energético y productivo de todo el país. Su Gobierno decidió en 2008 tomar la mayoría accionaria en las minas zulianas conocidas como Carbones del Guasare, específicamente de la empresa Guasare Coal International. En esa asociación, las empresas estadounidenses Peabody y la británica Anglo-American Plc contaban con 25,5 por ciento de las acciones, mientras Carbozulia, derivada de Corpozulia, tenía el 49 por ciento.

La maniobra otorgó al Estado venezolano el control total de las operaciones de la mina de carbón zuliana Paso Diablo, valorada como la más rica, una suerte de joya de la corona de la explotación del mineral, esencial para la producción de energía y la industria metalúrgica de la nación. Chávez también anunció que el poder ejecutivo compraría el 64 por ciento de las acciones del consorcio minero Carbomar, que pondría en sus manos el control absoluto de la explotación en la zona, vigente bajo la gestión de Carbozulia desde 1995.

Pero Venezuela, cuyo Producto Interno Bruto nominal dependía hasta en 96 por ciento de las regalías petroleras, se encontraba en esa época en el ojo de un huracán de dinero proveniente de esa industria energética. Vivía la epítome del primero de dos booms de la explotación mundial de los hidrocarburos, que entre 2004 y 2008, y luego de 2011 a 2014, se benefició del ascenso vertiginoso de los precios de cada unidad de barril de crudo por encima de los 100 dólares. Solo en esos primeros cuatro años, el Gobierno de Chávez recibió ganancias de 290.968 millones de dólares por conceptos petroleros, según detalla en sus investigaciones el economista y director de la firma Capital Market Finance, Jesús Casique.

Al final de cuentas, indistintamente de si sus razones ecologistas eran reales o si se trataba de treta para avanzar en una política de control total del Estado sobre la minería del carbón, Chávez no estaba urgido en ese momento de ingresos extraordinarios mientras el Estado nadara en una ingente piscina de recursos provenientes del crudo venezolano. La historia, años después, sería distinta.

Adiós a la ecología, bienvenidos los negocios

Nicolás Maduro Moros, un político proveniente de la izquierda, se ganó la confianza de Chávez hasta el punto de liderar el Parlamento nacional durante años en nombre de la fracción oficialista y de representar a su Gobierno ante el mundo como Canciller, se convirtió en el “delfín” de la llamada Revolución Bolivariana cuando, en 2012, el cuerpo del entonces presidente de la República sufría los embates de un cáncer terminal.

Chávez no solo lo designó como su heredero político si algo llegara a ocurrirle durante sus tratamientos contra la enfermedad en La Habana, Cuba. Entre su legado ideológico y pragmático, ya entonces había legado a Maduro su particular adhesión a aliados internacionales clave, como China.

En su primer año de Gobierno, en 1999, el hoy mandatario fallecido emprendió un viaje a la República Popular de China que, bajo el liderazgo del Partido Comunista, llegó a describir como “un verdadero modelo”, “un país amigo”. La relación con China, aunque a 14.000 kilómetros de distancia, sería más cercana que nunca antes en la historia republicana de Venezuela durante las administraciones de Chávez (1999-2013) y Maduro. El primer año auspició 15 acuerdos con el Gobierno asiático entre febrero y diciembre de 1999, cuando sus predecesores hicieron lo propio con solo 42 pactos en los 25 años previos de los vínculos diplomáticos, desde 1974 hasta finales del siglo XX, de acuerdo con investigadores como Xulio Ríos, abogado y ensayista español.

Maduro, desde su día uno de gestión y tras ganarle las elecciones al político opositor Henrique Capriles Radonski por apenas unas decenas de miles de votos entre más de 14 millones de papeletas, pisó el acelerador de esos nexos.

La apertura pragmática de la economía china fue piedra fundacional de su crecimiento financiero e impulsó a finales del siglo pasado la búsqueda de nuevas fuentes de recursos energéticos, de socios mundiales y, particularmente, de potenciales acreedores. La Venezuela de Maduro, ya en declive producto de la venida a menos de los ingresos petroleros, se puso de inmediato al frente de esa lista de países interesados en recibir el millonario caudal de dinero chino. La economía nacional estaba en problemas apenas el heredero de Chávez asumió el máximo cargo de Miraflores. La inflación comenzó a dispararse ese mismo año y alcanzó niveles de hiperinflación en noviembre de 2017. Desde marzo de 2013 hasta julio de 2020, la tasa inflacionaria del país fue más de 12.000 millones de puntos porcentuales, de acuerdo con el economista venezolano Jesús Casique.

La industria petrolera descendió dramática y progresivamente a raíz de la falta de mantenimiento, fuga de talento de la industria, caída de los precios de crudo en el mercado mundial y la pésima administración de las empresas petroleras del Estado venezolano, amén de manejos indebidos de los milmillonarios recursos del sector. Organizaciones como Transparencia Venezuela han calificado dicha malversación como “La Gran Corrupción” por sus niveles escandalosos, superiores a los 400.000 millones de dólares según la Comisión de Contraloría de la la Asamblea Nacional electa en 2015.

Aquella época sentó las bases de la peor contracción económica experimentada en el país, entre 2017 y el presente, de hasta 70 por ciento del PIB nominal. Y, en medio de aquellos trastornos financieros, la urgencia económica del Estado fue la puerta de apertura a la muy dispuesta participación china en la explotación carbonífera, tabla salvadora de la cual Chávez había echado mano anteriormente y legado a su heredero bajo control total del Estado.

Tan solo meses luego de la muerte de Chávez y de la ascensión de Maduro, el Gobierno venezolano dio un giro de estrategias y discursos en pro de lo que llamó “la diversificación de la economía”, en un intento de trascender a la dependencia del rentismo petrolero, de más de un siglo de dominio en las finanzas republicanas.

China fue clave en esos objetivos. Se convirtió a principios del siglo XXI en un gran acumulador de capitales y logró convertirse en el principal prestamista del mundo, con fondos totales que riñen hasta con los del Fondo Monetario Internacional. Solo entre 2000 y 2014, el país asiático prestó 350.000 millones de dólares a 139 gobiernos. Venezuela, con las mayores reservas petroleras del mundo, de aproximadamente 309 mil millones de barriles de crudo, recibió 19 por ciento de esos fondos que China entregó a sus aliados en ese período.

Se calcula que el total de recursos chinos que fluyeron hacia Venezuela entre 2000 y 2019 es superior a los 68.000 millones de dólares. Al menos 91 por ciento de ese monto corresponde a préstamos comerciales, de acuerdo con investigadores de la relación sino venezolana, como el economista Carlos Piña.

La vía escogida para que estos recursos llegaran fue la creación de dos fondos binacionales: el Fondo de Financiamiento Conjunto Chino Venezolano, conocido como FCCV, y el Fondo Gran Volumen Largo Plazo, FGVLP. Piña y su colega Carlos Brandt precisan en su documento Las relaciones Venezuela-China (2000-2018): entre la cooperación y la dependencia que allí se depositaron 50.300 millones de dólares, enviados por China entre 2007 y 2015.

En medio de sus urgencias económicas, Maduro contravino las trabas impuestas por su mentor y dio rienda suelta a las explotaciones de las ricas minas carboneras del Zulia.

De la explotación a la resistencia indígena

El chavismo reanudó su flirteo con el incremento de la explotación carbonífera pocos meses antes del anuncio del fallecimiento de Chávez, en marzo de 2013.

En diciembre de 2012, el presidente de la empresa eléctrica nacional Corpoelec y hermano del convaleciente mandatario, Argenis Chávez, anunció que existían planes de construir una planta con base en carbón en Zulia, epicentro de las máximas reservas del mineral en Venezuela.

Francisco Arias Cárdenas, teniente coronel retirado, colíder de la intentona golpista de febrero de 1992 y el primer candidato chavista en ocupar un alto cargo por elección popular, acababa de triunfar en las votaciones para la gobernación de Zulia, superando al aspirante a la reelección y dirigente del partido opositor Un Nuevo Tiempo, Pablo Pérez. En uno de los primeros actos oficiales tras su victoria, confirmó el anuncio sobre las minas del Guasare.

En 2013, Arias Cárdenas presentó un plan de gobierno para los siguientes cuatro años en los que incluía sus gestiones para construir una carboeléctrica en la cuenca del río Guasare para extraer tres millones de toneladas métricas de carbón al año, destinadas a la generación eléctrica, y de siete a 12 millones de toneladas más para fines de exportación.

Para ese plan, la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) había firmado un convenio con la empresa china SinoHydro. Se ideó la apertura de más minas de carbón en la región zuliana. El proyecto obtuvo la luz verde del entonces ministro de Energía Eléctrica, el militar retirado Jesse Chacón, y costaría 7.000 millones de dólares, según se conoció en aquellos tiempos.

Sinohydro es una empresa propiedad del Estado chino. Era, al menos hasta entonces, la compañía de construcción de energía hídrica más grande del mundo y el catorceavo constructor global más relevante. Documentos oficiales reflejan que estuvo involucrada en proyectos en al menos cuatro estados venezolanos: Barinas (sur), Miranda (norte), Portuguesa (centro) y Zulia. En este último, no solo se conoció de su participación en obras de las minas carboníferas, sino además en un proyecto de ingeniería, procura, construcción y puesta en marcha del sistema de colectores de aguas servidas del norte de Maracaibo, que no se cristalizó.

Una investigación de la Asamblea Nacional reportó pagos con sobreprecios del Estado venezolano a esa compañía china en obras en Aragua y Carabobo. Además, denunció que la misma empresa incumplió con “las especificaciones completas” de contratos firmados para construir cuatro plantas teermoeléctricas en Venezuela. Esos acuerdos se gestaron durante el fortalecimiento de la alianza entre ambas naciones, siempre impulsada por la inyección de milmillonarios recursos en los dos fondos.

En noviembre de 2013 líderes de las comunidades indígenas y grupos ambientalistas del Zulia elevaron su voz contra Sinohydro, Arias Cárdenas y Chacón, ante la prensa y en numerosas protestas de calle. Denunciaban que el proyecto de acuerdo en Guasare era la forma “más contaminante y sucia” de mejorar el sistema eléctrico regional. Alertaron sobre los elevados niveles de dióxido de carbono en la región y de hollín durante la ejecución de la obra. Su argumento era que un proyecto similar “no pasó mientras Chávez estaba vivo”.

Organizaciones indígenas, como Sociedad Homo et Natura, Clorofilazul, Colectivo Nevado y Maikiraalasalii, criticaron que el Gobierno de Maduro también revelara convenimientos con la India para “avanzar en los estudios de ingeniería para la construcción de una planta termoeléctrica de carbón en la Guajira” venezolana, según difundieron en un comunicado, ese año.

De aquellos planes, poco o nada se supo durante los dos años siguientes. Los grupos ambientalistas e indígenas locales se dieron por servidos al no materializarse la ampliación de los proyectos extraccionistas en la Guajira venezolana, ni en la Sierra de Perijá, en Machiques, limítrofe con Colombia.

Maduro, sin embargo, sorprendió el 10 de febrero de 2015 con la publicación de un decreto, el 1.606, en el que nacionaliza y expande las concesiones carboníferas del estado Zulia y se las entrega a Corpozulia.

El primer artículo del decreto reserva al Ejecutivo nacional “el ejercicio directo de las actividades de exploración y explotación de carbón y demás minerales asociados a este” en una superficie total de 24.192 hectáreas. La orden presidencial especificó en su numeral 3 que serían asignados a Carbones del Zulia, filial de Pdvsa, “las tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesores y equipos que forman parte integral de las concesiones extinguidas, así como cualesquiera otros bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles, adquiridos con destino a las actividades mineras” en esa zona.

El mandato presidencial invistió al ministerio de Petróleo y Minas con la autoridad de entregar las concesiones de exploración y producción de carbón en cinco áreas determinadas en esos municipios circundantes del Guasare.

Aquel decreto antecedió a la noticia de que Maduro, mediante el ministerio en cuestión y Pdvsa, autorizó a Sinohydro a realizar actividades mineras en esas miles de hectáreas de tierras venezolanas precisadas en la orden 1.606. La nueva ordenanza autorizaba a la compañía china disfrutar de los beneficios de ese contrato por un período de 30 años, es decir, hasta el año 2045, para que la misma pueda “recuperar” lo que haya invertido en la economía venezolana.

Los planes gubernamentales contemplaban que Sinohydro exportara carbón de cinco lotes específicos mientras construía una planta carboeléctrica que, una vez terminada, posiblemente en 2018 o 2019, añadiría 1.000 megavatios al servicio energético de los estados occidentales de Venezuela, Zulia entre ellos.

Las comunidades adyacentes a los ríos Cachirí y Socuy, en Zulia, en la frontera de Venezuela con Colombia, se han opuesto a la explotación del carbón. Foto tomada a mediados de enero de 2021. Crédito: Algimiro Montiel

El proyecto significaría el reenrutamiento del río Socuy y amenazaría tanto la biodiversidad de la región como la integridad de los pueblos indígenas cercanos, advirtieron de nuevo a un centenar de ecologistas y líderes comunales de las etnias wayuu, barí y yukpa, quienes estallaron en cólera. “Hemos estado resistiendo por 14 años, en una lucha intensa por nuestra biodiversidad, el agua y las tierras. Con nuestra lucha, logramos que nuestro comandante (Chávez) paralizar los proyectos de explotación minera y ahora le pedimos al presidente Maduro que haga lo mismo”, declaró durante una protesta en marzo de 2015 contra el decreto 1.606 y sus acuerdos posteriores el delegado de la organización wayuu Maikiralaasalii, José Diego Fuenmayor.

Las comunidades adyacentes a las áreas de explotación carbonera reclamaron que encaraban las peores formas de violencia e injusticia como resultado de la actividad minera, así como los impactos climáticos, la falta de mecanismos de seguridad y el rápido deterioro de la salud de los pobladores perijaneros.

La resistencia indígena provocó que el 27 de agosto de 2015 se corrigiera “por error material” el decreto 1.606 de Maduro, según consta en la Gaceta Oficina 40.733, en un apartado preparado por la Vicepresidencia de la República. Si bien la nueva publicación mantenía la exploración y explotación de las minas mencionadas, se precisó entonces que la superficie solo abarcaría 7.249 hectáreas, tres veces menor que la establecida en febrero de ese año.

Merodea “El gran devorador”

Opiniones encontradas sobre la explotación minera, rivalidad por tierras y conflictos entre clanes indígenas se palpan en enero de 2021 en las comunidades adyacentes a los ríos Cachirí y Socuy, en la Guajira occidental, en Zulia. Su génesis son los planes de explotación de yacimientos carboníferos que hay en esas serranías, que colinden con Colombia.

La explotación carbonera ha causado sequías en los ríos Cachirí y Socuy, advierten comunidades indígenas. Foto tomada en enero de 2021. Crédito: Algimiro Montiel.

Hoy es común ver a extranjeros custodiados por militares venezolanos en esas zonas, apetecidas por la industria mundial del carbón, cuentan sus pobladores en exclusiva para la Fundación Andrés Bello. “No ha habido consulta previa ni presentación de proyectos por parte de estas empresas. Solo nos dicen que es una orden nacional y listo”, aseguró Virgilio Uriana, habitante del sector Cantan Los Gallos.

Ingenieros y expertos en minería, contratados por las empresas foráneas, acuden a comunidades de la zona con maquetas de sus proyectos. Prometen a los residentes que solo realizarán una extracción del mineral de forma natural y ecológica, con discursos plenos de garantías de que no se afectará de manera alguna los cauces de los ríos, siempre ajenos a riesgos de contaminación.

Esas palabras son quimeras para la mayoría de los habitantes de esas tierras. Creen que son solo “estrategias astutas” para apoderarse de su recurso vital, como el agua, que nace desde el embalse conocido como Manuelote y que surte a más de cuatro municipios del norte del estado Zulia.

En los cauces de Cachiría y Socuy, existe lo que los locales llaman “ambiente de invierno”. Ese fenómeno hace que los ríos se sequen hasta reducirse a pequeños ojos de agua, que surten apenas 100 litros diarios de agua a una población de aproximadamente 2.000 personas. Así ha sido durante los últimos 13 años, dicen.

Los pobladores culpan a la explotación minera del agravamiento de la disponibilidad de agua en la zona. Antonio, un exconductor de camiones volteo que extraían piedras y granzón desde las cabeceras de los ríos para la construcción de infraestructura y carreteras, detalla que empresas aliadas a Carbones del Guasare, en conjunto con una transnacional rusa, exploraron en 2008 las cabeceras del río Cachiri mediante excavaciones profundas.

Meses después, los cauces de los ríos quedaron totalmente secos. Los proyectos no avanzaron, pero la afectación quedó, asegura. No han faltado las protestas de la vecindad para exigir a la alcaldía de Mara, un municipio zuliano de los más empobrecidos de Venezuela, por dotaciones frecuentes de agua para sus familias. “Íbamos a tener trabajo con la remoción de escombros pero, pensándolo bien, eso sería comida para hoy y hambre para mañana. Nos secarían por completo los ríos y desplazarían a muchas familias que se opusieran a esa explotación”, relata.

La crisis económica lleva a algunos habitantes de la zona carbonera de la Guajira venezolana a apoyarla, ávidos de gozar de sus beneficios. Foto tomada en enero de 2021. Crédito: Algimiro Montiel

Los beneficios económicos de la eventual explotación carbonera atraen a otros miembros de la comunidad, como Lucila Fernández, del sector 24 de Julio, ubicado a orillas del Cachirí. “Sería una buena oportunidad, porque acá no tenemos fuentes de ingresos. Los jóvenes se nos van porque no hay empleos y cuando estaba Carbones (del Guasare) las cosas eran diferentes”, dice, abierta a la posibilidad de que empresas venezolanas y extranjeras trabajen en el área.

Excusó a las compañías de la afectación de los ríos. “Eso se seca, porque algo pasa allá arriba (en la cabecera), no es por que sea por el carbón. Lo que pasa que la gente se lo achaca todo a las empresas que solo quieren generar empleo”, insiste.

Los intentos del Estado venezolano y de sus socios por convencerles, no han cesado. Hubo una reunión con ese norte recientemente. El 14 de noviembre de 2020 se realizó un encuentro entre ingenieros de las empresas interesadas, vecinos y los  Consejos Comunales (formas de organización social promovidas por el chavismo) de los sectores El Paraíso, Los Cachos y Vegita. La mayoría de los pobladores se opusieron al plan de retomar la explotación. “No al carbón”, se leía en pancartas que alistaron miembros de la comunidad.

Corre en esas serranías el temor de que el polvillo del carbón deje los “pulmones destruidos” entre los habitantes, apunta Mario Lozano, habitante del Socuy. Milagros Montiel, del sector Los Cachos, tiene claras sus preferencias: “La única respuesta que tendrán de nosotros todas la veces que vengan es que no queremos el carbón; preferimos nuestro río que es quien nos da el agua y la comida si sembramos”.

Miembros de las comunidades dicen que algunas familias sin ingresos han cedido espacios de sus tierras a la exploración de esas empresas, tuteladas por el Gobierno nacional. Los Consejos Comunales, formas de organización social paraestatal del chavismo, tratan frecuentemente de disuadir a los residentes de esos poblados, aseveran estos últimos. Cuentan que, incluso, les han presentado documentos sin encabezados ni contenido para que los firmen.

En los alrededores de Cachirí y Socuy, todo extranjero ávido de carbón y minerales varios cuenta con un apodo: “el gran devorador”. A ellos los acusan de hablarles con sus “caritas de minería ecológica” en cada intercambio, según describe Enrique Palmar, del sector El Paso, vehemente e indignado.

La defensa de la zona carbonera no siempre se ha debatido con palabras. Sabino Romero Izarra, un líder yukpa asesinado en 2013 en una presunta y nunca aclarada “disputa de tierras”, se convirtió en símbolo y bandera de no pocas comunidades indígenas y ecologistas que denuncian la existencia de mafias ligadas a gremios ganaderos, empresas mineras y funcionarios del Estado.

Sabino prevalece como figura dicotómica: sus críticos reducían su figura a la de un bandolero que invadía propiedades privadas, saqueaba y amedrentaba con violencia. Sus defensores, en cambio, lo consideran un ejemplo de lucha contra el extractivismo, de reivindicación de los derechos indígenas, de “preservación de la humanidad”, como se escuchó decir en marzo de 2020 a los protagonistas de una protesta para exigir justicia por su muerte, en la Fiscalía General, en Caracas.

Plan fallido, deseo latente

El proyecto de expansión de la explotación de las minas del Guasare con asistencia china, nunca se concretó. Líderes indígenas, involucrados desde principios de siglo en resistir a los planes de energía “sucia” en la zona, aseguran que ninguna empresa asiática ha logrado plasmar en acción, lo que en textos, acuerdos y decretos está escrito entre los Gobiernos de Venezuela y China.

“Los chinos no han sacado carbón en Guasare”, asegura, parco, Jasay Medrano, uno de los líderes wayuu de la organización Maikiraalasalii, que en castellano significa “Los que no se venden”. Toda consulta con políticos, ambientalistas y dirigentes comunales de la Guajira sobre el estatus del acuerdo con la empresa Sinohydro, toma brevísimo tiempo. Las respuestas son cortas pues la obra, explican, aunque planificada por años, en realidad nunca fue materializada.

Entendidos del proyecto como el exdiputado y exvicepresidente del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Eduardo Labrador, también dan fe de que no hubo empresa china que concretara la ampliación de la producción de carbón en el estado, ni mucho menos construyera una planta carboeléctrica en su eje norte.

“Ese tipo de convenios no pasa por el Consejo Legislativo pero, por supuesto, eso no se ejecutó. Es otro de los grandes fracasos de este Gobierno”, expresa Labrador, quien fue destituido como legislador por sus colegas del partido de Gobierno (socialista unido de Venezuela) luego de sus abiertas críticas a la “seriedad” del Gobierno madurista en asuntos como la economía nacional, la electricidad y los derechos humanos.

La cancelación del proyecto en Zulia con el concurso de Sinohydro, está incluso reflejada en los balances del Global Energy Monitor, una organización de origen estadounidense que monitorea el avance de obras energéticas en todo el mundo. Pero la modificación del decreto 1.606, refleja el interés aún vigente del Gobierno de Maduro de relanzar el proyecto de extracción de carbón en el occidente venezolano, sin embargo.

Anuncios del incipiente ministerio para la Minería Ecológica, en 2017, revelaron a su vez que la participación de Sinohydro en Guasare es cuestión del pasado. El encargado de ese despacho, Víctor Cano, reveló que el Poder Ejecutivo, afectado entonces por la ebullición de una agudísima crisis económica e hiperinflacionaria, abría “una nueva etapa de reimpulso” de la producción de carbón en Zulia con una inversión de 400 millones de dólares por parte de empresas extranjeras, entre las que ya no estaba incluida el gigante de la construcción china Sinohydro.

El funcionario puntualizó que Venezuela firmó un nuevo acuerdo en junio de 2017 con la compañía de sociedad colombiana y holandesa Inter American Coal, y las corporaciones chinas CAMC  Engineering y Yankuang Group, ambas inmiscuidas en múltiples proyectos financiados con los fondos binacionales.

Sin embargo, CAMC también estuvo involucrada en cinco proyectos agriculturales en Venezuela, valorados en cerca de 3.000 millones de dólares, que nunca completó, según una investigación periodística de la agencia Reuters. Una comisión parlamentaria la acusó, asimismo, de pago de sobornos.

Las tres empresas, refirió Cano en 2017, se comprometieron a participar en la “restauración, operación y mantenimiento de la capacidad productiva” de Carbozulia y, por ende, de sus dos minas más relevantes, la Norte y Paso Diablo.

La meta del nuevo pacto era alcanzar una producción de ocho millones de toneladas de carbón al año para generar, así, ganancias de al menos 840 millones de dólares en una década, según los cálculos gubernamentales.

Cano insistió hace tres años en que la alianza nacía del “legado Chávez”, en los términos de diversificar la economía. En el acto público en el que el ministro conversó con inversionistas y delegados sindicales, estuvo presente el presidente de Inter American Coal, Robert Rejuil. De acuerdo con notas de prensa del evento, el responsable de la empresa de capital binacional se refirió al carbón que se extrae de Zulia como “el mejor en el mundo”.

Otra voz oficial que promovió el acuerdo en aquella reunión fue Arias Cárdenas, entonces aspirante a la reelección en la gobernación -la perdería meses después ante el candidato opositor Juan Pablo Guanipa-. Ni Cano, ni él, confirmaron el fiasco del anterior acuerdo con Sinohydro o se refirieron a las razones por las que esa empresa china ya no formaba parte de las obras en el Guasare. Ningún otro vocero del Gobierno madurista ha precisado si la firma del Estado chino recibió pago alguno de parte del Estado venezolano por su rol en el proyecto.

Para Medrano, de Maikiraalasalii, las empresas chinas de este incipiente proyecto no son más que “nuevas presas” tras el carbón zuliano. Insiste en que, tres años después, esos acuerdos no dieron réditos. “Eso tampoco prosperó”.

Un reportaje publicado en 2018 por el portal de investigaciones periodísticas ArmandoInfo reveló que el madurismo pactó entonces la creación de otra compañía mixta entre Carbones del Zulia y la turca Glenmore Proje Insaat, llamada Carbones Turquía-Venezuela, según la Gaceta Oficial 41.472.

Así, los planes de reimpulso de la actividad carbonera en Zulia de parte de Maduro derivaron en firmas y enmiendas de decretos, protestas sociales, pactos sin la venia del Parlamento y alianzas tan rotativas como infructuosas con tres empresas chinas, una turca y otra colombo holandesa entre 2015 y 2018.

Al menos en el texto, según advierten fuentes entendidas de los proyectos frustrados en el Guasare, China aún tiene permiso del Estado venezolano de adentrarse en la economía carbonífera del occidente del país por los siguientes 25 años. Sus primeros intentos no solo le tomaron siete años, no obstante, sino que terminaron con sus manos ávidas de carbón, pero, al fin, desiertas de él.