Acerca de los autores

Gustavo Bastardo es Profesor de Teoría Política de la Universidad Central de Venezuela. Licenciado en Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central y Magister en Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes, Venezuela.

Freddy Castellanos y Manuel Paredes son investigadores del Centro de Investigación de la Crisis Venezolana (CICV).

Sinopsis

En el año 2012 el gobierno venezolano estableció un acuerdo con la República Popular China en el ámbito geológico denominado “Proyecto de Prospección Geológica Nacional de Venezuela”, a través del cual le facilitó al país asiático la exploración de minerales en 1.648.900 km2 del territorio venezolano. Esto le permitiría a China realizar la prospección y cálculo de las reservas de hierro, oro, bauxita fosfato y cobre existentes en dicha área; sin embargo, este acuerdo implicó la cesión de información vital y de la soberanía sobre los recursos mineros de la nación. El presente artículo documenta la inconstitucionalidad de dicho convenio al incumplirse algunos de los preceptos consignados en el marco normativo venezolano.

Puntos Principales:

El objetivo general de este proyecto fue darle potestad a una empresa China de realizar las exploraciones correspondientes a fin de delinear un mapa geológico y señalar en éste la distribución de recursos minerales, verificando las características geológicas de los yacimientos minerales con potencial para ser explotados.

El convenio le dio sobre el sector minero venezolano y sus yacimientos existentes a un actor extranjero, yendo en contradicción con el artículo 12 de la Constitución Nacional y el artículo 22 de la ley de Minas de Venezuela.

El acuerdo en mención fue celebrado sin contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, lo que implica la nulidad de este, tal y como advierte el artículo 150 de la Constitución de 1999.

Se evidenció una vulneración de la separación de poderes de Venezuela por parte del gobierno, en tanto ha ejercido control sobre el Tribunal Supremo de Justicia a fin de evitar algún tipo de obstáculo al brindar la información a China,

No existen avances ni valoración económica del acuerdo por parte del gobierno venezolano, como tampoco del gobierno chino.

Se identificó una vulneración de los derechos territoriales de los resguardos indígenas que se encuentran en algunas de las zonas que comprende el acuerdo, al no ser consultados previo a la implementación de algunos proyectos como el del Arco Minero del Orinoco (AMO).

Pese a la inconstitucionalidad de este tipo de acuerdos, el gobierno de Nicolás Maduro firmó el año 2018 un acuerdo de cooperación en las áreas de geología y uso de recursos minerales con la Agencia Federal de Recursos Minerales de Rusia (ROSNEDRA).

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