Ilustración: Shari Avendaño

Casi un centenar de empresas chinas han hecho vida económica en 21 regiones de Venezuela en el siglo XXI. Pero la inyección inédita de fondos del país asiático no se tradujo en proyectos eficaces. Al menos 25% de las obras derivadas de dos fondos milmillonarios binacionales, pactados por los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro con China entre 2008 y 2015, tienen estatus de “fase inicial” o “en ejecución”. Las relaciones económicas sino venezolanas se enfriaron esencialmente por falta de pagos. Investigadores de Instituto Kiel para la Economía Mundial advierten que la mitad del dinero prestado por China en los últimos años está “oculto”. Esos mecanismos opacos de créditos chinos pueden boicotear, tanto en el presente como en el futuro, la resolución de la crisis en países endeudados, como Venezuela.


La inversión más grande del mundo, 54% opaca y sin resultados

Sesenta y ocho mil millones de dólares. 

La cifra, poderosa por sí misma, ostentosa, resume en solo 11 dígitos la robustez de los nexos de China y Venezuela desde 1999 y durante los primeros 15 años del siglo XXI.

No hay otro número similar en lo referido a relaciones económicas del país asiático con alguna otra nación del mundo, han comprobado múltiples investigaciones académicas.

Las potencialidades energéticas de la Venezuela de principios de siglo, rozagante en petróleo, abrieron un portafolio millonario de préstamos -esencialmente inyectados a través de fondos binacionales entre 2007 y 2015-, proyectos de infraestructura, donaciones e inversiones directas que, desde China, llegaron a Venezuela con el sustento de casi 500 acuerdos entre los gobiernos de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Jiang Zemin, Hu Jintao y Xi Jinping.

La inversión china se tradujo en un atrapamiento económico de Venezuela. Fraguó una millonaria deuda que comprometió las finanzas republicanas sin derivar en proyectos palpables, productos de alta factura ni convenios positivos.

Con esos pactos como génesis, hubo un desfile de empresas chinas en Venezuela que dieron como resultado un combo de sobreprecios, ineficiencia y, por último, hasta disputas legales entre ambas naciones por el fracaso de la sociedad.

Pero, antes del colapso de los acuerdos comunes, hubo un desfile empresarial. 

La lista de compañías que participaron en actividades económicas en Venezuela desde 1999 es amplia. Según la organización Transparencia Venezuela, se conocen al menos 92 compañías de capital chino vinculadas a los acuerdos suscritos por ambos países desde la llegada al poder de Hugo Chávez Frías. 

Se pudo comprobar la actividad económica de compañías chinas vinculadas a los acuerdos en 21 de las 24 regiones de Venezuela, incluido el Distrito Capital.

Su composición o naturaleza varía. Un hallazgo vital es que la propiedad de 50 de las 92 empresas chinas, es decir, de 54% de ellas, es desconocida.

De las 50 compañías que entran en la categoría de propiedad opaca o indocumentada, solo se pudieron comprobar la actividad de 13 de ellas en estados específicos de Venezuela, mediante las declaraciones públicas de voceros de ambos países o la divulgación de notas vinculadas a sus obras.

Cabe destacar que el gobierno venezolano redujo en 2017 la data disponible en el Registro Nacional de Contratistas en Venezuela, donde se puede consultar la información de todas las empresas contratantes con el Estado. La decisión afecta la transparencia de la gestión pública y, en este caso, hace particularmente difícil seguir los rastros y las huellas de empresas chinas en detalles clave, como sus actas constitutivas, estatutos, accionistas y relación de obras, contratos y servicios en el país, incluso sus porcentajes de ejecución.

En el desfile de compañías chinas, despunta un nombre: el de la China National Petroleum Corporation (CNPC), experta en trabajos vinculados a los hidrocarburos, petróleo y gas. Es propiedad del Estado chino. Entre los casi 500 acuerdos comerciales firmados entre China y Venezuela, se le hace responsable de al menos 13 proyectos.

Una de sus filiales, la Petrochina Company Limited, versada en el segmento del gasóleo, gasolina, fueloil, queroseno, lubricantes, asfaltos, parafina, etileno, propileno, benceno, urea y nitrato de amonio, también propiedad del Estado chino, tuvo a su cargo ocho proyectos en Venezuela.

CNPC protagonizó titulares en septiembre de 2019 al anunciar la paralización de las obras de expansión de sus instalaciones dedicadas al procesamiento de crudo extrapesado en la Faja del Orinoco, zona considerada como el mayor depósito de petróleo pesado del mundo. Se calculaba entonces que ese proyecto representaba una producción diaria de 105.000 barriles.

Según notas de prensa independientes, la decisión fue consecuencia del retiro de la contratista China Huanqiu Contracting and Engineering Corp (HQC) de las operaciones en la Faja, aduciendo falta de pago. Se trató, quizá, de la noticia más rimbombante sobre proyectos de capital chino que se cerraban en Venezuela por retrasos a la hora de honrar compromisos.

Analistas del sector energético de la región interpretaron la decisión como una de las primeras consecuencias de las sanciones económicas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos contra el poder ejecutivo liderado por Nicolás Maduro.

Tres semanas antes de la noticia, se supo que CNPC se había negado a transportar cinco millones de barriles de petróleo venezolano, presuntamente por el mismo temor de enfrentar sanciones o penalidades de Estados Unidos.

La prensa internacional se hizo eco entonces de las últimas decisiones de Maduro para seguir haciendo atractivo el negocio petrolero en Venezuela: exoneró a las empresas chinas que seguían laborando en el país del cobro del Impuesto Sobre La Renta (ISLR), y del monto total por concepto de regalías por producción.

Los trabajos de HQC eran realizados por una empresa mixta, de capital chino y venezolano, que acumuló al menos US$7.000 millones de fondos de ambas naciones, conocida como Sinovensa.

Sinovensa, según el escrutinio de Transparencia Venezuela, fue la quinta empresa mixta que se creó entre las empresas estatales Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) y CNPC. Se conformó el 29 de febrero de 2008, de acuerdo con la Gaceta Oficial 38.860 de la misma fecha. 

La empresa entró en operaciones y recibió préstamos entre 2013 y 2016, así como aportes de capital (inversiones) en 2016 y 2018, de acuerdo con la información recabada en las bases de datos de flujos de fondos desde China a Venezuela.

La base de datos de finanzas entre China y América Latina del Diálogo Interamericano reseña un préstamo por US$4.015 millones en 2013, con el propósito de aumentar la producción de 105.000 barriles al día a 330.000 barriles al día de crudo extrapesado de la Faja Petrolífera del Orinoco y hacer mejoras de infraestructura.

También reseña un préstamo de US$2.200 millones en 2016, en el que varias empresas mixtas fueron receptoras de los fondos, incluida Sinovensa, para aumentar la producción de 160.000 barriles al día a 360.000 b/d con el proyecto piloto de inyección alterna de vapor y aumento de la capacidad de almacenamiento, transporte y procesamiento de crudo.

Transparencia Venezuela, sin embargo, confirmó el fracaso de aquellas gestiones de Sinovensa. “Anuncios gubernamentales posteriores y notas de medios de comunicación indican que los proyectos de expansión de la producción de Sinovensa no se concretaron, de hecho, hubo caídas en la producción en el año 2018. En 2019, la empresa anunció nuevamente que aumentaría la producción a 165.000 b/d, lo que refleja una meta mucho más baja que las anunciadas en 2013 y 2016 (…) La producción de Sinovensa se ha mantenido entre 105.000 y 130.000 b/d de petróleo desde el año 2013”, observa la organización en su estudio.

Sinovensa, en 2020, sigue produciendo petróleo esencialmente para “poder cobrar” la deuda venezolana. Otra pérdida es que el Estado venezolano vendió nueve por ciento de sus acciones en esa compañía.

Otras de las empresas que aparecen reflejadas en numerosos acuerdos entre China y Venezuela desde 1999 fueron Huawei Technologies Co., Ltd (telecomunicaciones, 16 acuerdos); Sinopec (hidrocarburos, 10 obras); Citic Construction Co. Ltd (construcción de viviendas, 11 acuerdos); el Grupo Haier (electrodomésticos, cinco acuerdos).

Una mención destacada merecen los acuerdos de telecomunicaciones pactadas entre Caracas y Beijing. El caso de Huawei es notorio en este apartado, pues el mismo Maduro la mencionó como principal promotora de nuevos proyectos en Venezuela apenas en junio del año pasado. 

Según el gobernante de Venezuela, el país instalaría la tecnología 5G de telefonía móvil con el apoyo de China, específicamente con el de Huawei.

“Huawei va a continuar en Venezuela”, había dicho el mandatario un mes antes, cuando anunció una inversión en telecomunicaciones de la compañía china y otras empresas de ese mismo país y de Rusia para “elevar las capacidades” de conexión a Internet y telefonía en Venezuela. Desde entonces, poco o nada se ha conocido públicamente en China o Venezuela sobre ese proyecto.

Un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, encabezada por el legislador Bob Menendez, acusó en julio de 2020 a al menos dos empresas chinas de ayudar al gobierno de Maduro a utilizar al máximo el hardware y los servicios de telecomunicaciones para controlar a la población.

El Senado norteamericano denunció que Venezuela tiene equipos de internet y de redes móviles, sistemas de monitoreo inteligente y tecnología de reconocimiento facial desarrollados e instalados por compañías chinas, según publicó la agencia informativa La Voz de América.

En el informe legislativo, se menciona que la compañía china de telecomunicaciones ZTE, presente en los acuerdos binacionales desde 1999, ayudó al madurismo a crear el Carnet de la Patria de Venezuela, una tarjeta de acceso a servicios y bonificaciones cuyos críticos y expertos en ciencias políticas han denunciado como una herramienta de control social.

ZTE, según el Senado de Estados Unidos, también ha respaldado al gobierno de Nicolás Maduro a “construir seis centros de respuestas a emergencias en las grandes ciudades y centralizar la vigilancia en video del gobierno”.

El reporte comenta que tanto ZTE como Huawei están a la vanguardia del desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones de las nuevas redes de telefonía móvil 5G y las señala de llevar “sus tentáculos” a América Latina.

No solo China ha estado dispuesta a irrumpir en los mercados más pequeños, sino que las compañías chinas logran ofrecer mejores precios que las firmas occidentales, dice el informe.

Washington ha presionado a sus aliados para que no usen los equipos del gigante de las telecomunicaciones Huawei en las redes 5G.

“La relación entre las naciones citadas (de América Latina) demuestran las intenciones de China de establecer, expandir, internacionalizar e institucionalizar un modelo de gobernanza digital”, que el Senado describe como “autoritarismo digital”, concluye el documento oficial.

Investigaciones del Parlamento venezolano, así como publicaciones exhaustivas de medios de prensa nacionales e internacionales, como Reuters y el portal Armando.Info, han revelado casos de corrupción, sobornos e ineficacia de empresas propiedad del Estado incluidas en los acuerdos binacionales.

La empresa china CAMC Engineering, que está incluida en al menos 13 acuerdos con Venezuela, dedicada a obras de agua, electricidad, industria, agricultura y comunicaciones, ha protagonizado varios de esos expedientes. 

La empresa, filial de Sinomach y propiedad del Estado chino, inició operaciones en el país en 2001, pero su primer contrato se materializó dos años luego para la construcción de un acueducto en el estado venezolano de Falcón por US$100 millones, pactado con el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales. 

La Contraloría General de la República hizo observaciones en 2007 sobre el incumplimiento de especificaciones, irregularidades y sobrecostos en la obra del acueducto, de acuerdo con una publicación del medio ArmandoInfo. Sin embargo, estas menciones no ralentizaron su notoria actividad en Venezuela. Se calcula que manejó US$3.000 millones en asignaciones en distintas áreas gracias a acuerdos firmados durante los gobiernos de Chávez y Maduro.

La empresa, se supo además, integra el desprestigiado grupo de “empresas proscritas internacionalmente por prácticas fraudulentas y corruptas del Banco Mundial”. 

Sus licitaciones en Ecuador y Bolivia, donde manejó proyectos milmillonarios, le valieron escándalos de corrupción. Según el Servicio de Contratación de Obras de Ecuador, CAMC Engineering fue contratada en ese país en 17 proyectos públicos por un valor total de US$745 millones. El Estado le exigió devolver US$22,6 millones por la construcción de una Plataforma Gubernamental y le acusó en 2019 de haber cobrado el total de la contratación por la construcción de 12 centros regionales del servicio de emergencia de Ecuador, cuando entregó siete.

En Venezuela, la CAMC apareció mencionada en uno de los proyectos eléctricos del reporte anual de 2015 del Ministerio de Energía que presentaban retrasos.

Los trabajos asociados a la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano, de Mérida, de 570 megavatios de capacidad, apenas progresaron 12 por ciento. El documento oficial reflejó que el monto total del proyecto se había modificado a aproximadamente US$827 millones, pero que solo el trabajo equivalente a cerca de US$182 millones se había concretado.

Una comisión especial de la Asamblea Nacional de Venezuela, que investigó en 2016 la crisis eléctrica en el país y que concluyó que US$26.000 millones en proyectos del rubro habían sido malversados, citó a testificar a todos los contratistas privados vinculados a obras del sector desde 2000. Julio Peng Wei, de China CAMC Engineering, acudió el 4 de mayo de 2016 ante el Parlamento para precisar los trabajos realizados en la planta termoeléctrica Luis Zambrano en el estado Mérida.

El reporte final de la comisión parlamentaria, conocido en enero de 2017, reveló que el costo total de ese proyecto eléctrico se elevó a US$1.000 millones. Se determinó que hubo un sobreprecio de 60 por ciento en la obra adelantada por la empresa asiática, equivalente a US$317 millones.

La misma empresa eléctrica del Estado venezolano, Corpoelec, gerenciada por funcionarios del madurismo, descalificó a la CAMC en 2017 para obtener contratos con el gobierno, advirtiendo que la compañía presentó documentación falsa para la licitación de un proyecto de expansión de transmisión y distribución eléctrica en Los Valles del Tuy, en el estado Miranda (centro del país).

La comisión del Parlamento venezolano denunció, asimismo, que hubo 125 por ciento de sobreprecio (US$1.400 millones) en las operaciones de la empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC), en otro proyecto financiado por los préstamos asiáticos a Venezuela: el de la rehabilitación, mejora y expansión de la termoeléctrica Planta Centro, en Carabobo. 

Los parlamentarios detectaron, además, que el gobierno venezolano pagó 900 millones de sobreprecio en dos proyectos eléctricos encargados a Sinohydro, una de las compañías más grandes propiedad del Estado chino. 

De acuerdo con un reporte de la agencia Reuters, tanto Sinohydro como CAMC Engineering fueron acusadas en un litigio en Andorra de entregar sobornos de un millón de dólares a una docena de venezolanos para obtener lucrativos contratos públicos en la planta termoeléctrica TermoCarabobo, alias “El Palito”, y la subestación La Cabrera, en el centro del país.

La publicación periodística aseguró que Sinohydro recibió contratos para construir cuatro plantas termoeléctricas en Venezuela, “pero ninguna cumplió con las especificaciones completas del contrato, dicen ingenieros”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China respondió a Reuters en un comunicado que los “reportes sobre supuestos sobornos de parte de compañías chinas en Venezuela obviamente distorsionaron y exageraron los hechos, con una agenda oculta”.

La investigación de Transparencia Venezuela sobre los negocios chinos en el país pone su lupa en la empresa Yutong. Su nombre está incluido en cuatro acuerdos suscritos en 2011, 2013, 2014 y 2015 para mejorar el transporte público nacional.

La descripción del caso reboza en ineficiencia y sobreprecio. De acuerdo con la investigación, “se estima que se importaron 4.716 unidades [de transporte] armadas , y 2.300 unidades por partes para su ensamblaje en Venezuela, para un total de 7.016. Según la información obtenida, solo 1.600 unidades han sido ensambladas en la planta Yutong de Venezuela, por lo que el estimado de unidades completas sería de unas 6.316 unidades. Sin embargo, el presidente de la Planta Yutong Venezuela, Carlos Osorio, durante una intervención en televisión el 21 de marzo de 2019 explicó que en todo el territorio nacional existen 1.600 unidades de transporte Yutong funcionando y el Ejecutivo había ordenado reparar 2.000 unidades para finales de este año, lo que significa que aproximadamente solo un 23 por ciento de las unidades de transporte contratadas a Yutong Hong Kong, estaban operativas en Venezuela en 2019”.

Transparencia Venezuela cita al departamento de prensa de Yutong Co. para cifrar en 176.000 dólares el valor de cada una de las 2.000 unidades compradas por Venezuela luego del segundo acuerdo. El precio, indican, es “bastante alto”.

“Existe el precedente de la venta realizada por Yutong Company a Filipinas en el año 2014, donde se adquirieron 140 unidades, a un precio de 70.000 dólares por unidad. En Chile, en el año 2016, entraron al mercado autobuses Yutong modelos V7 Urbano y V7 Full de 7.7m y 8.3m que tenían un precio de venta de 42.500 dólares y 48.000 dólares respectivamente”, precisa la investigación.

Proyectos fallidos y una puerta giratoria

Christi Rangel, de Transparencia Venezuela, asegura que la incidencia de las empresas chinas en el país desde 1999 fue “un flujo sin controles” donde no hubo oportunidades para las compañías nativas para emerger o formar parte de esos acuerdos binacionales.

Los convenios, por el contrario, terminaron favoreciendo a los grupos de poder que rodeaban a los integrantes de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre China y Venezuela. “Fue un gasto clientelar, con beneficios para el sector castrense, que consolidaron el poder ejecutivo” tanto de Chávez como de Maduro, diagnostica.

Su creación, en el caso de las mixtas, o su ingreso a Venezuela, junto al posterior resultado, generaron un fenómeno de doble puerta giratoria: en primera instancia, para hacer negocios en el país durante años y luego desaparecer o retornar a su nación de origen; y, a grandes rasgos, su actividad sirvió para robustecer la carta aval, la punta del iceberg, de la presencia económica de China en América Latina y el Caribe.

“Las empresas chinas entraban al país, pero los resultados no son positivos. Muchas de esas empresas se cerraron, ya no existen, ya no están en Venezuela y las que están tienen un nivel de actividad mínimo, por no decir sin actividad”, afirmó la investigadora de Transparencia Venezuela al presentar sus datos.

Como ejemplos, su trabajo cita 15 proyectos fallidos vinculados a empresas mixtas o que debían financiarse con los fondos prestados por China. 

Se trata de un conjunto de proyectos en los sectores agua, electricidad, transporte, hidrocarburos, vivienda y manufactura que no lograron los objetivos anunciados. El monto invertido por el Gobierno de Venezuela para estos proyectos suma la cantidad de US$19.600 millones, en buena medida financiados con créditos de China.

“El fracaso de estos proyectos se explica por ‘los vacíos’ o ‘brechas de gobernanza’ observados por Transparencia. Los riesgos de abuso de poder en el manejo de fondos públicos son muy altos si no existen controles, contrapesos, ni imperio de la Ley, y la gestión está sometida a prácticas de secretismo”, indica el informe.

En la última década, resalta el caso del Complejo Industrial de Fabricación de Electrodomésticos Haier. Su inversión fue de US$800 millones y, 10 años luego, su estatus se mantiene “en proceso”. Era una responsabilidad del Haier Group en el estado Miranda. Se declaró culminado, pero no se ha ensamblado ningún electrodoméstico, indica Transparencia Venezuela. “Solo ha servido de depósito”.

También está la Refinería Batalla de Santa Inés, de PDVSA, con una inversión de US$2.900 millones. La obra sigue en proceso, a pesar de haber iniciado en 2010. Sus empresas responsables eran la empresa coreana Hyundai Engineering & Construction y la empresa china Wison Engineering, en el estado Barinas. No se construyó, solo la planta eléctrica que serviría a la refinería.

Transparencia menciona, además, a la planta procesadora de arroz del estado Delta Amacuro, de PDVSA Agrícola, con una inyeción de US$200 millones, que sigue “en proceso” desde 2010. La empresa que le atañe el proyecto es CAMC. La planta no fue concluida, las obras conexas no se hicieron. Su producción de alimentos es casi nula.

En la lista está incluida la Planta Termoeléctrica Luis Zambrano, bajo responsabilidad de la CAMC, en el estado Mérida. Representa una inversión de US$956 millones. Si bien el proyecto de 2011 aparece finalizado, la Asamblea Nacional estima un sobreprecio en el costo real del proyecto de US$371 millones.

De los proyectos de 2011, resalta la Planta Termoeléctrica José Félix Ribas. Luego de US$604 millones de inversión, se culminó con el concurso de la empresa Sinohydro, en el estado Aragua, pero la Asamblea Nacional estimó posteriormente un sobreprecio en su costo real de US$359 millones.

Otro proyecto con sobreprecio es el de la Planta Termocarabobo, con  US$1.116 millones de inversión, finalizado en 2012. Sinohydro China, en el estado Carabobo, cobró US$572 millones por encima de su costo real.

La Termoeléctrica Planta Centro, en Carabobo, es otro ejemplo: luego de US$1.465 millones en inversión se mantiene “en proceso” desde 2013; el Parlamento estimó un sobreprecio de US$805 millones; y opera por debajo de su capacidad. Detrás de esa obra estaba la China Machinery Engineering Corporation. Investigaciones de Andorra señalan el pago de US$55 millones por la asignación del contrato.

El proyecto de las plantas de autobuses Yutong Venezuela, en el estado Yaracuy, por US$417 millones, se mantiene “en proceso” desde junio de 2014. La empresa Zhengzhou Yutong Bus Co. debió culminar la planta en 2016, pero sigue en construcción y, por ende, produce por debajo de lo estimado.

El llamado “Reimpulso de Carbozulia”, en el estado Zulia, era una labor conjunta por un costo de US$400 millones del Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico de Venezuela y las empresas CAMC Engineering y Yang Kuang Group. Se finalizó en 2017, pero se entregó la explotación de carbón sin controles y en desventaja para la empresa nacional. La producción cayó. Se entregó el proyecto a otra empresa.

Otra investigación de Reuters precisó que, de los 790 proyectos de inversión pública financiados por el Fondo Conjunto Chino Venezolano y el Fondo Gran Volumen a Largo Plazo entre 2008 y 2015, 205 están todavía “en ejecución” y 90, en “fase inicial”. 

Eso significa que al menos 25 por ciento de las obras donde se inyectaron fondos chinos no cumplieron con su cometido. Voceros de ambos gobiernos dieron por concluidos 495 del total de esos proyectos, pero ya se ha demostrado en líneas anteriores que ello no garantiza su probidad, efectividad ni transparencia.

La mayoría de los proyectos guardan relación con el sector construcción (217), seguida por industrias básicas e intermedias (146), agroalimentario (96), telecomunicaciones (34), economía comunal y social (31) y turismo (21).

Entre las conclusiones de su investigación, Transparencia Venezuela advierte que el contexto político e institucional y las reglas de intercambio en las relaciones “permiten identificar brechas o vacíos de gobernanza que limitaron el debido seguimiento y control formal ciudadano de la entrada de los fondos y su utilización (…) estos recursos tuvieron un efecto pernicioso tanto en la institucionalidad democrática como en la sostenibilidad fiscal y el desempeño económico” de la nación suramericana.

Angarita, estudioso de las relaciones económicas internacionales, respalda la tesis de que Venezuela fue, de facto, una puerta giratoria de empresas chinas en la región. “Se aprovechó la coyuntura tanto política como financiera. Benefició que estaba Hugo Chávez, con acercamientos más directos, menos estrictos en trámites burocráticos, y desde lo económico, por la bonanza petrolera”, analiza.

Remarca que los años 2008, 2009 y 2010 son claves en esa inyección de fondos chinos en América Latina y el Caribe debido a la convergencia de la crisis económica del mundo occidental por el colapso de la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos y del refugio del mercado financiero en países emergentes, como Rusia y China, que tenían los recursos para prestar dinero.

El politólogo e investigador Carlos Eduardo Piña es de quienes estiman que el petróleo fue la llave que abrió y cerró la puerta de China en Venezuela: a la entrada, por su bonanza; a la salida, por su colapso.

En abril de 2015 se concreta la última transacción conocida por concepto de los fondos chinos. Se trató de un crédito de US$5.000 millones enmarcados en el Tramo B (III) del Fondo de Financiamiento Conjunto Chino Venezolano.

Desde 2016, no se conocen nuevos préstamos entre ambos países. Diálogo Interamericano incluye en sus registros de los préstamos chinos en la región un último crédito de China a Venezuela, en noviembre de 2016, por US$2.200 millones para proyectos de desarrollo del sector petrolero. El desembolso, según el centro de pensamiento estadounidense, lo hizo China Development Bank.

El pico de los préstamos se concentró en 2010: US$21.400 millones. Tuvo otra escalada en 2013 (US$10.100 millones), pero luego se modera entre 2014 (US$4.000 millones) y 2016, hasta no presentar nuevos fondos desde hace cuatro años.

“Se vienen ralentizando los préstamos. Se enfría la relación económica cuando caen los precios del petróleo y cae la producción. Un solo país captó el 10 por ciento de los que China prestó en 17 años en todo el mundo. Estoy convencido de que Venezuela fue una puerta de entrada a China en América Latina”, acota Piña.

Las relaciones económicas entre China y Venezuela, en lo que respecta a préstamos, perdieron absolutamente su dinamismo entre 2017 y 2020, pero ello no refleja que el país asiático haya anulado su interés en la región.

Según Diálogo Interamericano, China prestó en 2017 US$5.300 millones a Brasil, US$481 millones a Argentina, US$326 millones a Jamaica, US$60 millones a Cuba y US$45 millones a Guyana, para un total de US$6.200 millones en créditos a naciones de América Latina y el Caribe.

En 2018, según la misma data, China prestó US$2.100 millones a Argentina (US$1.100 millones) y Ecuador (US$969 millones). 

En 2019, los créditos en la región se redujeron a su mínima expresión desde 2008: US$1.100 millones a República Dominicana (US$600 millones); Argentina (US$236 millones); Surinam (US$200 millones); y Trinidad y Tobago (US$104 millones).

Venezuela, entre 2010 y 2013, fue el país con mayor cantidad de préstamos chinos en América Latina y el Caribe. En términos absolutos, duplicó la deuda asumida por el segundo país en la lista de beneficiarios de los créditos de China desde 2005, Brasil, con US$28.900 millones, y triplicó al siguiente, Ecuador (US$18.400 millones).

El enfriamiento y la caída

Las razones para el enfriamiento de las relaciones binacionales son diversas y atañen no solo a la relación per se, sino a cada país involucrado en los acuerdos.

El desplome de la producción petrolera local es una. El precio del barril en noviembre de 2007, fecha del primer desembolso de los fondos chinos, era de 88,84 dólares. En abril de 2015, cuando hubo el último crédito, el precio del barril de petróleo era de 57,06 dólares. En septiembre de 2020, costaba 37,58 dólares.

Bajo los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, Venezuela experimentó dos boom o aumentos sustanciales de los precios petroleros, que coincidieron con la ebullición de los préstamos chinos (2007-2015): el primero, entre 2004 y 2008, representó ganancias de US$290.968 millones para el Estado venezolano; y el segundo, entre 2011 y 2014, significó US$339.034 millones, según la data estudiada y registrada por el profesor y economista Jesús Casique.

El académico también refleja en sus investigaciones el desplome progresivo de la producción petrolera, cuyos ingresos representan el 97% del producto interno bruto (PIB) de Venezuela: en diciembre de 1998, el país producía 3.329.000 barriles de petróleo cada día; en noviembre de 2019, produjo 912.000 barriles de petróleo al día, según información reportada directamente por Petróleos de Venezuela a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

Entre esos 21 años, hubo un “efecto tobogán” que refleja la disminución de la producción petrolera venezolana en 2.642.000 barriles, de acuerdo con las fuentes secundarias de la OPEP citadas por Casique. 

Esa caída, calcula, hizo que Venezuela dejara de percibir US$55.932 millones por venta de petróleo.

No solo la industria petrolera venezolana sufrió un desliz en esas dos décadas. También la economía en general. Según el Fondo Monetario Internacional, Venezuela registró la caída de 70,1 puntos de su PIB entre los años 2013 y 2019. Ningún otro país de la región demostró tal comportamiento.

Casique coincide en sus apuntes en que Venezuela atraviesa una fase de depresión económica continua desde 2013, cuando Maduro asumió el poder ejecutivo nacional. La inflación, incluyendo su fase superlativa, también deterioró el poder adquisitivo del venezolano y, por ende, su capacidad de compra de productos de origen chino, como se preveían tras los acuerdos firmados.

La tasa inflacionaria desde marzo de 2013, un mes antes de Maduro asumir la presidencia, hasta agosto de 2020 es de 12 mil 323 millones 312 mil 864 por ciento, según la data de Casique.

“Empresas como Orinoquia, Vetelca, Haier, Yutong, todas empezaron con impulso”, comenta el académico Piña.

“China se fue apoderando de sectores del mercado, pero cuando cae el consumo y la economía venezolana, la mayoría de estas inversiones pierde dinamismo. La mayoría (de empresas) está cerrada. Se perdió el impulso de esa inversión directa. Las inversiones directas que hicieron en fábricas se pierden: nadie va a comprar carros, teléfonos, autobuses”, argumenta.

Explica que el enfriamiento del financiamiento chino en Venezuela no es exclusivo. “Se ha dado en otros países. China ya ha venido moderando su crecimiento económico. Ya no crece a tasas de más de 10 por ciento. Produce menos dinero. En segundo lugar, China también tiene otros planes, como el de la Franja y la Ruta, están inyectando grandes cantidades de dinero en ese proyecto, enfocados básicamente hacia Asia Central y Europa”, aduce. 

La Iniciativa de la Franja y la Ruta, también conocida como la Nueva Ruta de la Seda, es un proyecto impulsado desde 2013 por la República Popular China para formar un conjunto de enlaces marítimos y ferroviarios entre China y Europa, pasando por toda Eurasia. 

La inestabilidad política puso tierra de por medio desde enero de 2019. El 23 de enero de ese año, el entonces presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, tras el vacío de poder generado por la ilegitimidad del gobierno de Maduro a causa de las elecciones fraudulentas de 2018, asume la presidencia interina de Venezuela. 

Al menos 60 países reconocieron a Guaidó como el Presidente legítimo de Venezuela en detrimento de Maduro, principal valedor de los acuerdos con las autoridades chinas.

La muerte de Chávez, en 2013, colaboró con un cambio en el tono y vigor de los vínculos con Beijing. La sintonía de China con Maduro no ha sido la misma. 

La falta de pagos mediante petróleo y otros mecanismos también desalentó a China, coinciden los autores e investigadores de la relación sino venezolana. 

“Resultan molestos la incertidumbre y la falta de cumplimiento de los convenios. Desde el default de 2017, China está en una postura de wait and see, esperar y ver, donde no ofrecen nuevos recursos y se sienta a esperar”, valora Angarita.

Para Piña, se reduce a una ecuación: no hay pagos, no hay préstamos. Otra tesis podría calzar perfectamente en su resumen: sin ganancias, no hay relación.

El deterioro del modelo de empresas mixtas de China y Venezuela quedó en evidencia en agosto de 2020. La prensa notificó entonces que la empresa conjunta CV Shipping Pte Ltd, donde confluían en calidad de socios PetroChina Co Ltd y la estatal Petróleos de Venezuela desde 2008, se había derrumbado en un litigio.

Petrochina tomó control de tres superpetroleros de CV Shipping (Junín, Boyacá y Carabobo) entre enero y febrero de 2020, tras declararla en quiebra. 

Lo logró mediante una demanda judicial en Singapur, sede de la compañía. Las sanciones económicas de Estados Unidos contra la petrolera venezolana dejaran a los buques sin seguro, lo que provocó pérdidas millonarias en las operaciones de la empresa mixta. 

Un cuarto transportador de crudo de gran tamaño, el Ayacucho, estaba aún en disputa con un fabricante de vidrio estadounidense que demandó en Singapur el cobro de un laudo arbitral de US$500 millones por la expropiación de dos de sus fábricas en Venezuela en 2010.

Los documentos que se filtraron durante la demanda de Petrochina reflejaron las tensiones y el estado amargo de la relación de los socios, y, sin dudas, dieron luces sobre la condición integral de la cooperación entre China y Venezuela. 

Xia Hongwei, ejecutivo de la compañía asiática, escribió una carta a los ejecutivos de PDVSA el 17 de septiembre de 2019 una frase reveladora: “el propósito fundamental de esta empresa conjunta ya se ha roto irremediablemente”.

Félix Arellano, doctor en Ciencias Políticas y experto en relaciones internacionales, proclama que Venezuela se ha convertido en “una marca en rojo” del portafolio chino en Latinoamérica por sus desastrosos resultados.

“Venezuela complica, enreda, resta, no suma, ya por su desastre administrativo interno. Esa distancia empieza ya con Xi Jinping (2013), quien decide que no habrá más inversiones en fondos perdidos y se acerca a Rusia, India, Irán. En estos momentos, le conviene retratarse con Miraflores, pero con prudencia, porque la señal fundamental que China quiere transmitir a Estados Unidos es que quiere poner orden en la relación con Venezuela”, aprecia.

Arellano juzga que China, en la medida en que fue profundizando y conociendo la realidad del escenario venezolano, que se fue agravando la crisis interna, fue entendiendo que el sueño de la vasta billetera petrolera no era rentable.

Otra variable a considerar como fermento del enfriamiento de la relación económica es la calidad de los productos y proyectos derivados de ella, opina. 

“China se viene concentrando en productos con alto valor agregado, de alto nivel tecnológico, compite con modelos 5G, por ejemplo”, dice. A su entender, los convenios entre 2007 y 2015 con Venezuela nunca alcanzaron esa talla.

El país asiático ya no es “salvavidas” para el gobernante de Venezuela, un proveedor que abastece y ejerce músculo financiero a fin de dar piso político, cree.

Arellano conjetura que los miles de ejecutivos y trabajadores chinos se toparon durante años con trabas fácticas, como el colapso de los servicios públicos. 

“A Venezuela le dieron esos montos porque había chequera, había petróleo. Nadie se imaginaba que iban a destruir esos recursos. Les debe haber impactado el desorden: que monten una empresa y que comience la crisis desde que llegas a La Guaira o Maiquetía [principal aeropuerto internacional de Venezuela]. Fue caos administrativo, fue corrupción gigantesca lo que fue destruyendo las empresas del Estado. Fueron conociendo el desastre poco a poco”, deplora.

Según Angarita, China apuesta en los tiempos corrientes por la diplomacia para hacer valer sus derechos económicos ante Venezuela.

“La vía diplomática acerca a las representaciones chinas para dar soluciones a estas trabas, sobre todo para garantizar retornos a empresas chinas”, prevé.

Transparencia Venezuela tasa la cara y sello de la sociedad de China y Venezuela. Entre las ganancias para el gobierno asiático, menciona el posicionamiento de al menos 92 empresas y entes en diversas actividades económicas y la contratación de la mayoría de mano de obra de China en grandes proyectos. 

Otro beneficio fue el acceso privilegiado al petróleo venezolano y posicionamiento geoestratégico en América, lo que esta investigación ha catalogado como “la puerta giratoria” en la región. También, cuenta la garantía de compra por parte del gobierno venezolano de los productos de sus inversiones directas.

Como pérdidas, se menciona el desvío de recursos de proyectos conjuntos con China entre 2012 y 2014, en los que empresas asiáticas desembolsaron fondos propios que nunca pudieron recuperar, afectando sus patrimonios y provocando la paralización de numerosas obras.

El gran aprendizaje de China, vista su retracción de los vínculos económicos con Venezuela, es el pragmatismo económico: hacer negocios con socios eficientes.

Los nexos comercial y crediticios de Venezuela y China entre 2007 y 2015 no tienen comparación en cuantía de millones de dólares, aunque no en resultados. Maduro explicaría la cifra con elocuencia en 2017: “no es concha de ajo”.

China, mientras, sigue adelante con su ambiciosa iniciativa de política exterior: la Iniciativa de la Franja y la Ruta de China, conocida también como la Nueva Ruta de la Seda. 

Ese programa gubernamental, lanzado por Xi en 2013, ha significado créditos por al menos US$461.000 millones a las naciones participantes, la mayoría de ellas en África y valoradas como deudoras de alto riesgo, según cálculos de la consultora RWR Advisor, de Washington. Otras consultoras ubican el monto total en alrededor de US$500.000 millones.

El éxito de la “diplomacia de la deuda” de China está en vilo por la pandemia del COVID-19, que no solo afectó la economía mundial, sino que, a su vez, minó la reputación de Xi y de las autoridades chinas a raíz de su gestión del virus. 

Los embates económicos del nuevo coronavirus han dado argumentos sólidos a países como Pakistán, Kirguistán, Sri Lanka, de África y probablemente Venezuela, que han pedido a China reestructurar, retrasar o, incluso, perdonar los pagos de sus deudas. 

El G20, que integra China, acordó en abril de 2020 permitir que 73 países suspendieran los pagos del servicio de sus deudas hasta fines de año. Lo que ocurra luego de esa fecha es una incógnita que afectará la economía asiática.

Los préstamos “ocultos”

El Instituto Kiel para la Economía Mundial, de Alemania, presentó a mediados de 2020 un estudio que concluye que 50 por ciento de los préstamos de China a países en desarrollo no es reportado al Fondo Monetario Internacional ni al Banco Mundial.

El análisis, titulado Préstamos de Ultramar de China y elaborado por los autores Sebastian Horn, Carmen Reinhart y Christoph Trebesch, creó y evaluó una nueva base de datos de 5.000 créditos del país asiático a 152 países entre 1949 y 2017.

Venezuela está incluida en el club de receptores de los US$520.000 millones que, se calculan, ha prestado la República Popular de China. Aparece retratado como el país americano más endeudado con las instituciones asiáticas.

“Comparado con el estatus de prevalencia de China en el comercio mundial, su rol en las finanzas globales es pobremente comprendido”, advierten.

Horn, Reinhart y Trebesch bautizaron ese flujo de fondos chinos como “préstamos ocultos”. Explican que, a pesar de su escala masiva, la característica más notable de los capitales exportados desde China es su opacidad. 

“La data es escasa y el proceso de préstamo no es transparente. Esto ayuda a explicar por qué existen tan pocos trabajos sobre las inversiones de larga escala de China fuera de sus fronteras”, apuntan.

El Instituto Kiel especifica que, a diferencia de otras economías de talla mayor, casi toda la cartera de préstamos de China y su portafolio de inversiones es “oficial”, es decir, que lo ejecutan el gobierno chino, las compañías propiedad del Estado o los bancos centrales controlados por el Partido Comunista. 

“China no reporta sus préstamos internacionales oficiales y no hay una data estandarizada comprensible sobre los flujos y alcances de las deudas chinas”, agregan. Los acuerdos de reestructuración de la deuda entre China y los países receptores, que constituirían un “evento de crédito”, están mayoritariamente “fuera del radar” de las agencias de clasificación de créditos, subrayan.

Estos “préstamos ocultos” distorsionan la vigilancia de las políticas, la asignación de precios de riesgo y los análisis de sustentabilidad de la deuda.

Utilizando data aún no publicada del Sistema de Reporteo de Deudores del Banco Mundial, los investigadores europeos hallaron que “una porción sustancial” de los créditos chinos no es notificado y que el volumen de los “préstamos ocultos” ha crecido a más de US$200.000 millones hasta 2016.

Una potencial explicación de los vacíos de los reportes, según el Instituto Kiel, es que China usa una estrategia “circular” de préstamos que minimiza el riesgo de default o falta de pago de sus préstamos. 

“Para deudores riesgosos, los bancos propiedad de China usualmente eligen no transferir ningún dinero a cuentas controladas por el gobierno recipiente. En cambio, los préstamos son transferidos directamente a la firma contratista de China que implementa el proyecto en el extranjero. Un círculo cerrado”, explican.

Los préstamos, de esta manera, permanecen dentro del sistema financiero chino, haciendo más difícil que los países recipientes malversen el dinero. “Debido a que este tipo de préstamos no es realmente transferido al extranjero, no hay un flujo que reportar, resultando en una data incompleta”, pormenorizan.

Los “préstamos escondidos” de China representan una opacidad indeseada para inversores privados y son, a juicio de los autores, un “obstáculo” para la resolución de la crisis de los países receptores.

Esos mecanismos tuvieron un pico en 2009 y, luego, entre 2011 y 2015, justamente los años finales de inyección de capitales chinos en Venezuela a través de los dos fondos orquestados por hasta 16 Comisiones Mixtas de Alto Nivel entre ambos países.

El grueso de los préstamos directos se canalizó a través de dos grandes instituciones financieras controladas por el Estado chino: el China Development Bank y el Exim Bank of China, de acuerdo con el Instituto Kiel.

“La información sobre el tamaño y composición de la deuda de un país es crucial para asegurar la distribución justa de la carga y una gestión ordenada de las crisis”, complementan los investigadores.

Christoph Trebesch, economista y coautor del análisis del Instituto Kiel, admitió en una entrevista con la BBC de Londres que el aumento del poder de China en el sistema financiero del siglo XXI es “poco comprendido” y admitió que urge “más investigación” sobre el modus operandi de su robusta inyección de capitales.

En el caso de Venezuela, de su recepción y utilización discrecional de recursos chinos en cantidades inéditas en la región latinoamericana, esta información fresca del Instituto Kiel sobre el principal prestamista mundial representa, por lo menos, un desafío en términos de transparencia y solución de su crisis.

La opacidad y la discrecionalidad de los acuerdos firmados entre Venezuela y China desde 1999 resultaron en abono de un potencial campo fértil para mecanismos escondidos con el objetivo de obtener fondos desde China en una proporción aún más dramática que la reflejada oficialmente, aquella que ronda los US$60.000 millones entre préstamos, donaciones, proyectos de infraestructura e inversión directa.

La “puerta giratoria”, según estos hallazgos del Instituto Kiel, dio más vueltas que las registradas ante las cámaras y las estampadas sobre documentos, de por sí ya plenas de sombras.

La relación entera de China y Venezuela entre 1999 y 2020, pero especialmente durante los años del caudal de fondos asiáticos, resultó en un camino de atajos y secretos, cuyos rastros, por ahora, se antoja difícil de transitar a ojos abiertos.