Juzgado boliviano dispuso la suspensión de contratos de litio con empresas chinas y rusas
Foto: Danielle Pereira Flickr.
De acuerdo con un artículo del medio Infobae, la justicia boliviana dispuso la suspensión de dos contratos para la industrialización de litio con firmas de la República Popular China y la Federación de Rusia.
Además, este juzgado indicó al Ministerio de Hidrocarburos y a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) que se abstuvieran de realizar cualquier acción administrativa relacionada con estos contratos, hasta que el proceso sea finiquitado y resuelto.
Dicha decisión fue tomada debido a la acción popular en defensa de los derechos indígenas y medioambientales por parte de la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez, del departamento boliviano de Potosí.
Estos proyectos de litio, que habían sido designados a firmas de China y Rusia, se llevarían a cabo en una región próxima al salar de Uyuni, en el sudeste del país, donde alrededor de 50 comunidades indígenas poseen sus asentamientos.
Al respecto de esta decisión judicial, la Central Provincial resaltó que “el juez dictó medidas cautelares históricas que frenan el avance de proyectos que amenazan nuestros derechos colectivos, nuestras fuentes de agua y a la madre tierra”.
Previo a la decisión, la Central Provincial solicitó, como medida cautelar de su acción popular presentada para la defensa de los derechos medioambientales e indígenas, la ejecución de estudios ambientales en conjunto con todas las comunidades, el desarrollo de procesos de consulta antes del proyecto y la creación y radicación de una ley del litio y recursos evaporíticos.
Los dos contratos en cuestión que deberán ser suspendidos fueron con la firma china Hong Kong CBC y la rusa Uranium One, las cuales estaban en un proceso de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.
El primero de estos dos contratos en firmarse fue el de la empresa rusa Uranium One con YLB, en septiembre del año 2024, el cual había pactado la producción de 14.000 toneladas de carbonato de litio por cada periodo anual en el salar de Uyuni, en el departamento de Potosí.
Se conoce que este contrato implicaría una inversión de más de 970 millones de dólares, y para los distintos procesos relacionados con la extracción de este mineral, harían uso de la tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Por el lado del contrato firmado entre la empresa de la República Popular China, Hong Kong CBC, y YLB, establecido a finales de noviembre del año 2024, se conoce que tendría una inversión de 1.030 millones de dólares, contaría con dos plantas de producción de carbonato de litio que producirían 10.000 y 25.000 toneladas por año, y también haría uso de la tecnología EDL.
Luego de que estos dos contratos se firmaron, fueron enviados a la Cámara de Diputados de Bolivia, donde algunos analistas de estos temas energéticos y ambientales, así como varios legisladores, denunciaron que estos no eran beneficiosos para Bolivia y que se habían aprobado mediante sobornos y sin la debida socialización con las comunidades aledañas a los territorios donde se llevarían a cabo los proyectos.
En una entrevista para el medio Radio Fides, la diputada Lisa Claros destacó que con este fallo judicial “se estaría paralizando tanto los trabajos de operación que vienen haciendo estas transnacionales en los salares de Uyuni, como el tratamiento en la Asamblea Legislativa”, en referencia a que, incluso sin haber sido aprobados los contratos, estas empresas ya estarían operando sin la autorización necesaria.
Además, comentó que celebra que “hoy la justicia boliviana esté velando por los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y de la madre tierra”. De igual forma, hizo énfasis en que con este fallo no se permitirán operaciones en los salares hasta que no se realicen los estudios necesarios de impactos medioambientales.
Cabe mencionar que Bolivia es uno de los tres principales exportadores de litio en Sudamérica, solo por detrás de Chile y Argentina, y posee una de las reservas más grandes del mundo de este mineral. Por ello, se esperaba que este recurso impulsara la industrialización del país, facilitara una transición energética y le permitiera convertirse en un exportador de productos manufacturados en lugar de materias primas.
No obstante, Bolivia no ha logrado un desarrollo industrial destacado. Tras más de doce años de grandes proyectos, múltiples estrategias e inversiones por montos millonarios sin retorno, los contratos firmados en 2024 fueron suspendidos, lo que afectaría aún más el desarrollo de esta industria en el país.
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