Foto: Operación minera de referencia. Fuente: Flickr
La Corte Suprema de Panamá declaró el martes como “inconstitucional” el polémico contrato de concesión de la mina de cobre más grande de Centroamérica.
La rápida aprobación de una ley que prolongaba la explotación de la mina desencadenó una oleada de malestar en la sociedad panameña y desató extensas protestas que paralizaron a gran parte del país. La legislación otorgaba a la empresa canadiense Minera Panamá (MPSA) el derecho de operar por 20 años, con posibilidad de prórroga, generando críticas y movilizaciones contra el presidente Laurentino Cortizo, cuyo mandato concluye en 2024.
Esta controversia tiene ramificaciones internacionales, ya que la empresa está respaldada mayoritariamente por First Quantum Minerals (FQM), que por su parte tiene vínculos chinos a través de Jiangxi Copper Company Limited (JCCL), el principal comprador de cobre en Panamá. La conexión con China se intensifica debido a la presencia de accionistas chinos en FQM, incluyendo a JCCL, que tiene importantes minas de cobre en Pekín y es poseedora de vastos recursos accionarios en este sector.
El epicentro de la disputa se encuentra en la ubicación estratégica de la mina en el distrito de Donoso, provincia de Colón. La preocupación ambiental se ha convertido en un pilar fundamental de las críticas, ya que la región es crucial para numerosas cuencas y ríos panameños. Ambientalistas, liderados por figuras como Cholo García, alertan sobre las amenazas al recurso hídrico y la biodiversidad en la zona, recordando el inicio del extractivismo con el contrato de la Sociedad Minera Petaquilla Gold en la misma provincia bajo el gobierno de Pérez Balladares. Las protestas, que han incluido cierres de vías y manifestaciones ciudadanas, han llevado al presidente Cortizo a firmar una moratoria el 3 de noviembre de 2023, prohibiendo la exploración y explotación de minería metálica. Sin embargo, esta medida no abarca las operaciones de FQM, lo que ha intensificado las críticas y la resistencia popular.
El conflicto ha polarizado la sociedad panameña, con sindicatos y activistas exigiendo la cancelación de la concesión minera. El secretario general del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), Saúl Méndez Rodríguez, señala la omisión de Cortizo en derogar la Ley 406, el instrumento legal que respalda las operaciones de FQM. Ante la posibilidad de una demanda internacional por parte de la empresa minera, Méndez Rodríguez insta a enfrentar a FQM en el terreno adecuado, evitando ser catalogados como «vendepatria». La resistencia a la minería metálica se enraíza en una historia que se remonta a 1997, cuando Panamá firmó un contrato con Petaquilla S.A para la explotación de oro, cobre y otros minerales. Posteriormente, FQM adquirió los derechos de concesión y activos de Petaquilla por 60 millones de dólares, marcando el inicio de la presencia de la empresa canadiense en la región. A pesar de la inconstitucionalidad declarada por la Corte Suprema en 2017, las operaciones de FQM continuaron hasta la fecha de la resolución en 2021.
La polarización en la sociedad ha alcanzado niveles críticos, agravados por la violencia y la intimidación. Más de 900 personas han sido arrestadas durante las manifestaciones, y se han registrado daños significativos a la propiedad pública y privada. La violencia ha cobrado vidas, con el asesinato de dos activistas el 7 de noviembre, lo que ha elevado aún más la tensión en el país. El gobierno defiende el acuerdo con FQM argumentando que generará beneficios económicos significativos para Panamá, incluyendo empleos directos e indirectos, así como ingresos anuales por valor de $375 millones. No obstante, la sociedad civil critica que estos beneficios no se traducen en mejoras palpables, como la falta de inversiones en infraestructuras y la persistencia de la desigualdad social.
El debate sobre los costos y beneficios de la minería se intensifica en medio de la crisis postpandémica, con tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China añadiendo una capa adicional de complejidad al conflicto. Pedro Cabezas, representante de la Alianza Centroamericana frente a la Minería (ACAFREMIN), destaca que los gobiernos, enfrentados a la crisis económica, están optando por fortalecer los modelos extractivos, incluida la minería, a pesar de los impactos ambientales y las resistencias de la población. En conclusión, la controversia en torno a la extensión de la explotación minera de cobre en Panamá ha evolucionado en una lucha que va más allá de los intereses económicos. La sociedad panameña se encuentra en una encrucijada entre las promesas de desarrollo y empleo por parte del gobierno y la preocupación genuina por el impacto ambiental y las consecuencias a largo plazo de la actividad minera en la región.
Conoce la noticia principal:
Expediente Público. (2023, November 17). China está tras la minería a cielo abierto en Panamá. Expediente Público – Periodismo de investigación. https://www.expedientepublico.org/china-esta-tras-la-mineria-a-cielo-abierto-en-panama/
Otras fuentes relacionadas:
Aguirre, M. C. C. (2023, November 17). Medio Ambiente – Lo que hay detrás de la mina de cobre por la que protestan en Panamá. France 24. https://www.france24.com/es/programas/medio-ambiente/20231117-lo-que-hay-detr%C3%A1s-de-la-mina-de-cobre-por-la-que-protestan-en-panam%C3%A1