Diversificación estratégica y Derechos Humanos: desafíos para Colombia en su acercamiento comercial hacia China
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Diversificación estratégica y Derechos Humanos: desafíos para Colombia en su acercamiento comercial hacia China

Sebastian Castaño Palacio

Colombia enfrenta un dilema estratégico al diversificar sus relaciones comerciales hacia países como China debido a las recientes tensiones con Estados Unidos (EE.UU.) bajo las administraciones de Trump y Petro. Aunque la iniciativa de la Franja y la Ruta ofrece oportunidades en inversión e infraestructura sin condicionamientos políticos, también presenta desafíos significativos en derechos humanos, área en la que EE.UU. históricamente ha condicionado su apoyo económico y cooperación bilateral. La divergente concepción china, centrada en la estabilidad social y el desarrollo económico, contrasta con la visión occidental basada en libertades individuales y democracia, lo que podría generar tensiones internas, conflictos socioambientales y cuestionamientos internacionales sobre el compromiso de Colombia con estos valores fundamentales. En un contexto geopolítico en transición, la apertura hacia China debe ser abordada con cautela para no comprometer la reputación internacional del país ni erosionar los avances logrados en materia de derechos humanos y desarrollo institucional

Sebastian Castaño Palacio
Sebastian Castaño Palacio

Colombia enfrenta un escenario complejo en su política exterior con los Estados Unidos (EE.UU.) debido a las recientes tensiones entre los mandatarios Donald Trump y Gustavo Petro. La relación bilateral, caracterizada históricamente por acuerdos comerciales, cooperación en seguridad y una fuerte influencia política por parte del país norteamericano, ha sido puesta a prueba, generando incentivos en el gobierno colombiano por buscar nuevas alternativas. En este contexto, China aparece como un potencial socio estratégico, ofreciendo inversión, financiamiento e infraestructura a través de su ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI por sus siglas en inglés). Sin embargo, la diversificación del mercado colombiano hacia la República Popular China (RPCh) no es un proceso exento de dificultades, especialmente en lo que respecta al mercado de los derechos humanos, un pilar central en las relaciones bilaterales con Estados Unidos y que se vio afectado con el recorte de financiamiento por parte dicho gobierno en la nueva administración. 

China ofrece inversión, financiamiento e infraestructura a través de su ambiciosa iniciativa de la Franja y la Ruta. Pero esta relación no está exenta de desafíos, especialmente en materia de derechos humanos.

La relación comercial de Colombia con China ha crecido en las últimas dos décadas, convirtiendo al país asiático en su segundo socio comercial después de Estados Unidos. La demanda china de materias primas, como petróleo, carbón y productos agrícolas, ha fortalecido los lazos económicos, mientras que la importación de tecnología y manufacturas de la RPCh ha contribuido al desarrollo de sectores estratégicos. No obstante, la visión pragmática de China en términos de cooperación económica no contempla la dimensión de Derechos Humanos que históricamente ha vinculado la relación entre Colombia y EE.UU. Mientras Washington ha condicionado en muchas ocasiones su apoyo económico a avances en la materia: lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la democracia, su contraparte china sigue un modelo de diplomacia económica que prioriza la estabilidad política y la no intervención en asuntos internos de sus socios comerciales.

Mientras EE.UU. condiciona su apoyo económico a la lucha contra la corrupción y la democracia, China prioriza la estabilidad política y evita intervenir en asuntos internos.

China concibe los derechos humanos de manera distinta, en gran parte debido a su contexto histórico y político, especialmente en el momento de la creación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945. En aquel entonces, la representación legítima de China ante la comunidad internacional recaía en el gobierno nacionalista liderado por Chiang Kai-shek, aliado de Estados Unidos, y no en la República Popular China, proclamada en 1949 tras el triunfo del Partido Comunista Chino (PCCh) en la guerra civil. Esto advierte que las concepciones de derechos humanos que se establecieron en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 fueron formuladas sin una intervención o valoración del PCCh, el cual, una vez en el poder, desarrolló una visión allende estos principios. Esta visión se ha basado en la tradición confuciana, donde la armonía social y el bienestar colectivo son prioritarios sobre los derechos individuales, en contraste con la perspectiva occidental centrada en el individuo y sus libertades fundamentales.

Con base en lo anterior, la concepción china de los derechos humanos se diferencia de la promovida por Estados Unidos debido a su énfasis en la estabilidad del Estado y el desarrollo económico como ejes fundamentales. Para China, la supervivencia y fortaleza del Estado son prioritarias, ya que se considera que, sin un gobierno fuerte y una sociedad cohesionada, los derechos individuales no pueden garantizarse de manera efectiva. Este enfoque ha llevado al gobierno de la China popular a justificar la subordinación de derechos civiles y políticos a objetivos más amplios de desarrollo y estabilidad, justificando políticas restrictivas en nombre del progreso económico y la unidad nacional. En contraposición, Estados Unidos ha promovido una concepción basada en la protección de los derechos individuales, la democracia y las libertades políticas, lo que ha generado tensiones recurrentes en foros internacionales sobre derechos humanos. Por su parte, China ha sostenido que el desarrollo económico y la erradicación de la pobreza deben considerarse aspectos fundamentales de los derechos de los hombres, mientras que Occidente ha puesto mayor énfasis en la libertad de expresión y la participación política como elementos esenciales de estos derechos.

La visión china de derechos humanos privilegia la armonía social y el bienestar colectivo, en claro contraste con la perspectiva occidental centrada en el individuo.

El modelo chino, basado en la estabilidad social y el desarrollo económico como ejes fundamentales, choca con la visión occidental de los derechos humanos, centrada en la libertad individual y la democracia. Bajo esta premisa, China ha sido criticada por la comunidad internacional debido a sus restricciones a la libertad de expresión, la represión en Xinjiang y el control gubernamental sobre la sociedad civil. Por su parte, para Colombia, cuyo sistema democrático ha evolucionado bajo un marco de garantías y participación ciudadana, una relación más estrecha con la RPCh podría representar tensiones tanto a nivel interno como en su relación con otros aliados occidentales. La adhesión de Colombia a la iniciativa de la Franja y la Ruta podría traer beneficios en infraestructura y comercio, pero no suplirá el respaldo financiero que Estados Unidos ha proporcionado en el marco de iniciativas de derechos humanos, fortalecimiento institucional y asistencia a comunidades vulnerables​, dinámicas que enmarcan la compleja situación en materia de seguridad que comprende el país suramericano debido a la presencia de estructuras armadas ilegales que operan en territorios vacíos desde hace más de 50 años. 

La dificultad de Colombia para diversificar sus relaciones con China en materia de derechos humanos se debe, en parte, a la estructura misma del sistema político chino. Mientras que Estados Unidos y la Unión Europea han promovido políticas de cooperación con Colombia a cambio de compromisos en transparencia, rendición de cuentas y acceso a la justicia, China no condiciona sus inversiones a estos factores. Esto significa que, si bien el gobierno colombiano podría recibir financiamiento y acuerdos comerciales con menos requisitos políticos, también podría enfrentar mayores presiones por parte de organismos internacionales y de la sociedad civil, que verían en este acercamiento una señal de debilitamiento en la protección de los derechos humanos y ambientales. 

Acercarse más a China podría generar tensiones internas y cuestionamientos de aliados occidentales sobre el compromiso colombiano con la democracia y los derechos humanos.

Otro desafío clave radica en la credibilidad internacional de Colombia. La vinculación con China u otro Estado de corte autoritario sin una estrategia clara para equilibrar las relaciones con Estados Unidos y Europa podría afectar la imagen del país en foros multilaterales y su capacidad de negociación en tratados de cooperación y comercio. Colombia ha sido un actor relevante en la defensa de los derechos humanos en América Latina y ha recibido apoyo de diversas organizaciones internacionales para la implementación del Acuerdo de Paz y la protección de líderes sociales. Un cambio drástico en su política exterior podría interpretarse como un distanciamiento de estos compromisos, afectando la confianza de la comunidad internacional y limitando su acceso a fondos destinados a programas sociales y de desarrollo sostenible.

El peso de la cooperación estadounidense en derechos humanos es significativo. A través de iniciativas como el Plan Colombia y la asistencia del Departamento de Estado, Estados Unidos ha destinado miles de millones de dólares para fortalecer la institucionalidad, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales en el país. Según datos de la Cámara Colombo Americana, en 2024 se asignaron aproximadamente 401 millones de dólares en asistencia humanitaria, lucha contra el narcotráfico y fuerzas armadas. Esta cooperación ha sido clave también para la protección de poblaciones vulnerables y la promoción de reformas judiciales enmarcadas en el Plan Nacional de Derechos Humanos. La relación con China, en cambio, se ha basado en un modelo de inversión sin condicionamientos políticos, lo que, si bien puede parecer atractivo desde el punto de vista económico, no garantiza el mismo nivel de apoyo en áreas que atañen a los derechos de primera generación: vida, libertad, integridad y seguridad.

La cooperación estadounidense en derechos humanos ha sido clave para Colombia. Solo en 2024 destinó 401 millones de dólares a asistencia humanitaria y lucha contra el narcotráfico.

El acercamiento a China también implica desafíos internos, ya que el modelo de desarrollo impulsado por Beijing no necesariamente coincide con las prioridades sociales y ambientales del gobierno colombiano. La expansión de megaproyectos de infraestructura sin garantías adecuadas de consulta previa a comunidades indígenas y campesinas podría generar conflictos sociales y cuestionamientos sobre el compromiso del Estado con los derechos colectivos. Además, la dependencia del comercio de materias primas con China puede perpetuar un modelo económico extractivista, con impactos negativos en el medio ambiente y en la diversificación productiva del país.

A pesar de estos desafíos, la necesidad de diversificación económica sigue siendo un punto a desarrollar para Colombia, o al menos para la actual administración. La dependencia de un solo socio comercial es un riesgo en el contexto de una economía global volátil y de relaciones políticas fluctuantes máxime con las diferencias que enmarcan los discursos de Washington y Bogotá, dejándose entrever en el vaivén de réplicas en la red X del pasado 26 de febrero.

China ofrece oportunidades en sectores estratégicos como la tecnología, la energía renovable y la infraestructura, pero Colombia debe abordar esta relación con cautela, asegurando que la búsqueda de nuevos mercados no implique concesiones en derechos humanos ni compromisos que debiliten su reputación internacional, la cual ha estado en el ojo del huracán en los últimos 25 años debido a la afectación de derechos humanos y la incapacidad del Gobierno de garantizarlos efectivamente.

Colombia enfrenta el reto de diversificar sus relaciones internacionales sin afectar su credibilidad internacional ni debilitar los avances en materia de derechos humanos.

La diversificación de las relaciones internacionales de Colombia, en particular su acercamiento a la RPCh, podría marcar un punto de inflexión en su política exterior, desafiando la histórica dependencia de Estados Unidos. Empero, este giro estratégico no está exento de tensiones, especialmente en el ámbito de los derechos humanos, donde la confrontación de modelos es evidente. Mientras Washington ha condicionado su cooperación al fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la promoción de las libertades fundamentales, Beijing ofrece una diplomacia económica sin exigencias políticas, priorizando la estabilidad y el desarrollo. Esta diferencia no sólo redefine el equilibrio de poder en la región, sino que también enfrenta a Colombia al dilema de mantener su credibilidad internacional sin comprometer los beneficios de una relación más pragmática con China.

En un mundo multipolar, la creación de un mercado de derechos humanos genuinamente diversificado tropieza con realidades geopolíticas cada vez más complejas. La creciente influencia de China, con su modelo de desarrollo sin condicionamientos políticos, desafía la narrativa occidental de cooperación basada en valores democráticos y, en consecuencia, debilita los mecanismos tradicionales de presión en favor de la democracia y las garantías individuales. Al mismo tiempo, el discurso de personajes como Donald Trump, quien ha utilizado el apoyo a Ucrania como moneda de cambio en el conflicto con Rusia, evidencia que los derechos humanos no siempre responden a principios universales, sino que pueden ser instrumentalizados como herramienta de negociación geopolítica. En este contexto, con un orden mundial en plena transición, Colombia debe actuar con cautela, asegurando que su apertura a nuevos mercados no implique concesiones que erosionen sus avances en derechos humanos ni debiliten su posición en la escena global, donde la defensa de estos principios sigue siendo una carta de legitimidad y estabilidad en un sistema internacional en redefinición.

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