Empresa china en Uruguay enfrenta acusaciones laborales
Foto: Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) Uruguay.
La empresa China Machinery Engineering Corporation (CMEC), encargada de la construcción del cierre del Anillo de Transmisión de 500 kilovoltios en Uruguay, ha sido denunciada penalmente por irregularidades laborales y violaciones a la seguridad en su proyecto para la estatal UTE. La obra, que abarca 365 kilómetros y emplea a 200 trabajadores uruguayos y 500 extranjeros (principalmente chinos y ecuatorianos), se extiende por Tacuarembó, Salto, Paysandú y Cerro Largo.
El Sindicato Único Nacional de Construcción y Anexos (Sunca) presentó una denuncia tras el fallecimiento de un trabajador chino, Jun Sheng, de 53 años, en un accidente de tránsito ocurrido el 7 de junio de 2024. El sindicato exige la aprobación de una ley nacional sobre seguridad laboral y la creación de una fiscalía especializada en accidentes de trabajo.
Entre los delitos investigados están trabajo forzoso debido a las condiciones de hacinamiento e insalubridad en los alojamientos de los trabajadores extranjeros, y la violación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. En agosto y septiembre de 2024, la Inspección General de Trabajo clausuró tres dependencias de la empresa por albergar a 80 trabajadores en condiciones indignas.
La denuncia detalla situaciones críticas como dormitorios en contenedores, falta de higiene y agua potable, cableado eléctrico expuesto, y falta de refrigeración para los alimentos. Además, algunos trabajadores fueron obligados a entregar su aguinaldo a los jefes de obra tras recibirlo a través de redes de pago externas, en lugar del organismo estatal correspondiente.
El sindicato enfatiza la situación de vulnerabilidad de los empleados, que enfrentan aislamiento, barreras idiomáticas y jornadas laborales intensas. También denuncia que varios trabajadores sufrieron hambre y deshidratación debido a la falta de provisión de alimentos y agua potable.
Este caso pone en el centro del debate la responsabilidad de las empresas extranjeras en la seguridad laboral y la necesidad de una mayor supervisión gubernamental en grandes proyectos de infraestructura en Uruguay.
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