Venezuela se colma de deudas y violaciones laborales “made in China”

Ilustración: Alonso Gañan.

La relación bilateral con China prometió hacer de Venezuela una potencia latinoamericana. Dos décadas, 468 acuerdos y más de 67 mil millones de dólares después, muestran cómo los convenios con uno de los principales aliados del chavismo, pusieron al país en desventaja. Una relación que terminó por favorecer al gigante de Asia y dejó a Venezuela con una fuerza laboral vulnerable, deudas mil millonarias y obras hechas, a lo sumo, a la mitad.

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“Esto es legado de nuestro Comandante Supremo, Hugo Chávez y que continúa el presidente Nicolás Maduro”, anunció el entonces vicepresidente para el área política, Elías Jaua, rodeado de las montañas de los valles del estado Miranda, al centro del país. Corría febrero de 2014 cuando, desde una transmisión en la televisión estatal, Jaua dio inicio a las obras para construir la autopista Santa Lucía – Kempis, un tramo del ambicioso proyecto Eje de Integración Vial Valles del Tuy, que prometía conectar el oriente y el occidente de Venezuela por un corredor vial gigantesco y que significó la creación de 610 empleos directos.

“Nadie puede molestarse por iniciar esta obra. Vengan a trabajar con nosotros pero, eso sí, tienen que seguirnos el ritmo”, bromeó Jaua durante la alocución.

En ese proyecto vial comenzó a trabajar Enrique Chacón* como ingeniero en la constructora china Sinohydro, poco después de los anuncios de Jaua. El profesional ya acumulaba experiencia trabajando con las trasnacionales del país asiático y estaba familiarizado con un esquema de contrataciones que algunos califican “made in China” en la nación suramericana, caracterizado por subcontrataciones y otras prácticas que transgredían la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) del país.

Según Jaua, el proyecto fue ideado años antes, pero “la IV República (período de 1956 a 1999) nunca lo ejecutó”. La idea de una autopista que conectara los estados de la región centro-norte del país sin congestionar Caracas, dijo en tono anecdótico, fue rescatada por el posteriormente presidente Hugo Chávez mientras padecía un embotellamiento vehicular cuando trataba de acceder a la capital venezolana.

Se estimaba que el millonario proyecto, incluido en el convenio bilateral entre China y Venezuela, beneficiaría a unas seis millones de personas, una quinta parte de la población venezolana según data oficial de entonces. El tramo llamado Santa Lucía – Kempis, en el corazón mirandino específicamente, supuso una inversión de cuatro mil millones de bolívares (equivalente a unos US$45 millones 584 mil) y su inauguración se fijó para 2015.

Seis años después de las declaraciones del Vicepresidente, los vestigios de una promesa vial son devorados por la espesura de la maleza y el crimen organizado. Las denuncias de corrupción, las promesas de desarrollo y las vulneraciones laborales sufridas por los trabajadores -incluido Chacón- en este y otros proyectos del convenio, también permanecen sepultadas. La obra, que nunca se concluyó en la IV República como acostumbra a llamar el chavismo al período democrático anterior, apenas llegó a completarse en un 40% durante la gestión del chavismo.

La ley laboral que China evade

Una investigación realizada por la profesora Angeyeimar Gil para el Centro de Investigación Chino Latinoamericano Fundación Andrés Bello (FAB) encontró que la subcontratación de personal a partir de terceros es una de las prácticas más comunes de compañías chinas en Venezuela.

Para el desarrollo del Eje de Integración Vial Valles del Tuy, la china Sinohydro y la brasileña, Camargo Correa, subcontrataron personal a través de la empresa Consorcio Santa Lucía – Kempis hasta el cese de sus operaciones en 2017, hecho que contraviene el artículo 48 de la Lottt, que prohíbe la “tercerización”, como se le conoce a este método de evasión de la norma laboral.

Esta misma modalidad ha sido denunciada por trabajadores subcontratados por otras empresas chinas. Tal es el caso de la constructora Gezhouba Group Corporation, a cargo de proyectos agrarios en la región llanera al centro, sur y sur occidente del país, que hacía contrataciones a través de la compañía venezolana Constructora La Lucha 168.

La Constructora La Lucha 168, una empresa venezolana propiedad de un nacional chino y un venezolano, empleó este mismo esquema para el proyecto entre Venezuela y la empresa china Harbour Engineering Company LTD, que firmó un memorando de entendimiento en 2010 para desarrollar un nuevo terminal de contenedores en el puerto marítimo más grande del país, Puerto Cabello, en el estado central de Carabobo. Esta obra supuso una inversión de 600 millones de dólares y prometió crear 360 plazas de trabajo y más de 2.500 empleos indirectos.

“Constructora La Lucha 168 era contratista en casi todos los proyectos que tenía el Gobierno (venezolano) con China”, explicó Chacón. Pese a que la compañía participó en obras del convenio enmarcadas en proyectos con el Ministerio de Agricultura y Tierras, la agencia del Estado encargada de la política habitacional llamada Gran Misión Vivienda Venezuela y la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), no hay registros públicos oficiales sobre la relación de la contratista con las empresas trasnacionales.

Aunque su domicilio esté en Venezuela, la presencia de la Constructora La Lucha 168 se extiende hasta el Mar de la China Meridional. De acuerdo con lo investigado, la empresa fue registrada en Hong Kong en marzo de 2014, apenas unos dos meses después del anuncio hecho por el vicepresidente Jaua. Sin embargo, según el registro local de compañías, la compañía fue disuelta el 10 de mayo de 2019.

Correlación de desventaja

“En el caso del proyecto Santa Lucía-Kempis, 20% del personal era chino, 40% era brasileño y el resto era venezolano. Los cargos más altos los ocupaban los extranjeros e incluso había cargos que se repetían. Por ejemplo, en la obra terminábamos teniendo un coordinador chino y uno brasileño ¿Para qué?”, preguntó Chacón. “Al final todo quedó paralizado y no se concluyó más de la mitad del proyecto”.

Este esquema laboral también es abordado en la investigación realizada por Gil, que indica que las empresas chinas poseen una nómina compuesta, en su mayoría, por trabajadores chinos. Esta práctica pone en desventaja al personal local y contraviene la ley venezolana, que establece que la proporción de trabajadores extranjeros no puede superar el 10%.

La brecha salarial entre los empleados extranjeros y locales muestra otra de las desventajas que trajeron los convenios, pese a la preparación y la trayectoria profesional de los últimos. El personal chino percibía un salario superior a los dos mil dólares, mientras que el de los venezolanos, como ocurrió en el caso de Chacón, se limitaba a un equivalente cercano a los 312 dólares al cambio vigente para ese momento.

“En el eje mirandino (estado Miranda) todo es montaña. Uno les decía que ahí era preferible hacer un túnel y ellos (los trabajadores de la trasnacional) que no, que de otra forma se facturaba más. Ellos defendían su criterio de construcción basándose en cómo ellos construyen en China, pero nosotros tenemos nuestro criterio. Desestimaban la experiencia de los trabajadores venezolanos”, lamentó Chacón, quien finalmente emigró a Ecuador en 2016 para evadir la crisis en su país. Trabajar en su área a más de 1.500 kilómetros de casa es la única forma que Chacón tiene de ayudar a su familia, aún radicada en Venezuela.

La ausencia de sindicatos independientes es otra de las denuncias que se suman a las empresas dentro del convenio con China. Esta práctica, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras asociaciones de trabajadores y DDHH y laborales, es importada del país asiático, cuya legislación restringe las libertades sindicales de los empleados e impide la conformación de sindicatos independientes. Todos están supeditados a la Federación China de Sindicatos.

El derecho a la libertad sindical es una de las grandes deudas del Estado chino con la OIT. El convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, y el convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, establecidos en 1948 y 1949 respectivamente, son dos de los cuatro acuerdos fundamentales de la organización laboral que China se ha negado a reconocer.

“Nunca supe de la presencia de un sindicato en la empresa. A los chinos no les gusta eso”, explicó Andrés Lara*, un joven abogado que trabajó en la Corporación Nacional de Petróleo de China, en su sede en Caracas, en 2018.

Restringir la conformación de sindicatos es otra práctica que contraviene la legislación venezolana, que establece el derecho de los trabajadores a constituir organizaciones sindicales libres.

“(Las empresas chinas) eran muy habilidosas. Para cumplir con la Lottt, creaban sindicatos, pero en la práctica no funcionaban como tal. Ellos designaban a los mismos trabajadores chinos para que conformaran la agrupación y al final, era un sindicato que favorecía al patrono”, dijo Chacón.

Viejos vínculos, nuevo endeudamiento

La relación entre China y Venezuela no es nueva. En junio de 1974 ambos países estrecharon lazos diplomáticos luego de que el Estado venezolano reconociera la legitimidad del Partido Comunista chino como Gobierno. Desde entonces y hasta la instalación de Hugo Chávez en la Presidencia en 1999, ambas naciones firmaron apenas 20 convenios bilaterales.

Con la llegada del chavismo al poder la relación sino venezolana floreció. Los frutos fueron contratos millonarios para desarrollar áreas de interés, principalmente para China: gas, petróleo y minerales.

En las últimas dos décadas la relación bilateral China-Venezuela ha alcanzado más de 500 convenios según el discurso oficialista. Para 2016 el Gobierno venezolano aseguró que el país tenía 672 proyectos junto a China, de los cuales 388 había completado, 203 estaban en fase de ejecución y otros 131 se habían incorporado recientemente. Sin embargo, datos recopilados por la ONG Transparencia Venezuela y la plataforma Vendata dan cuenta de la firma de solo 468 acuerdos entre 1998 y 2019.

El hermetismo priva en la relación entre ambos Gobiernos. Según la ONG, se desconocen los términos en los que han sido firmados 64,81% contratos con China; mientras que en 22,42% de los casos hay información parcial y solo en 12% se conocen públicamente cuáles fueron los acuerdos entre las partes.

Además de desventajas y vulneraciones a los trabajadores, la relación bilateral ha hipotecado al país. Según el centro de estudios Diálogo Interamericano y la Universidad de Boston, Pekín ha prestado a Venezuela más de $67 mil millones de dólares entre 2007 y 2018. Aproximadamente 90% de la deuda es saldada con petróleo y con compras a la misma China. El país latinoamericano aún adeuda unos $20 mil millones.

“Las condiciones ofrecidas por Venezuela en los convenios alcanzados, abrió las puertas a la inversión y a la instalación de empresas chinas en el país. Estas condiciones, al igual que en varios países de Latinoamérica, no resultan beneficiosas para los países receptores, entre otras cosas porque se privilegia la mano de obra extranjera en los niveles medios y altos, además de otros elementos”, explica Angeyeimar Gil, autora de la investigación de la FAB.

Venezuela no es el único país de la región que ha visto crecer exponencialmente la inversión china en su territorio. Desde 2000, este país asiático se ha convertido en un socio clave para Latinoamérica, alcanzando en 2016 su nivel más alto cuando el 11.81% de la inversión extranjera directa de la región provino de China.

Sin embargo, al igual que en el caso venezolano, estas inversiones no se han traducido necesariamente en empleos bien remunerados y con condiciones mínimas para la población local.

El Colectivo sobre Financiamiento e Inversiones Chinas, Derechos Humanos y Ambiente (Cicdha) da cuenta de al menos 12 vulneraciones laborales en Latinoamérica, como despidos de trabajadores por exigir mejores condiciones de trabajo o limitaciones para la constitución de sindicatos sindicatos. Todas ocurrieron en empresas vinculadas a la minería, hidroeléctrica y petróleo.

Ni desarrollo económico ni bienestar

En 2017 Fernando Arenas* comenzó a trabajar con la tecnológica china ZTE, empresa que ofrecía servicios de vigilancia electrónica a Haier, otra compañía del gigante asiático que produce electrodomésticos. Sin embargo, pese a trabajar con dos compañías mundialmente conocidas, el proceso de contratación en el caso de Arenas fue oral y nunca se regularizó durante el año que estuvo en la planta ubicada en San Francisco de Yare (Miranda), Venezuela.

La contratación estuvo a cargo de la compañía venezolana Cellnetca, que presta servicios de telecomunicación e ingeniería y tiene presencia en Panamá, Bogotá y Miami. Más allá de la información publicada por la contratista en su sitio web, no hay registros públicos sobre su actividad con las empresas chinas.

“Yo tenía un compañero con el que trabajaba en Alcatel. Después de que la empresa se fue de Venezuela, él estaba en ZTE y me contactó para que trabajáramos juntos. Yo soy ingeniero y toda la contratación fue bajo una modalidad extraña que nunca entendí. Nunca firmé un contrato. No tenía carnet. Ni siquiera sabía el nombre de mi jefa”, explica Arenas, quien trabajó un año y tres meses con ZTE.

Sin una contratación formal de por medio, otros beneficios básicos estipulados en la Lottt, como seguros, bonos y vacaciones, eran inexistentes para los trabajadores.

En Venezuela se anunció oficialmente un control cambiario en 2003 y en 2004 el presidente Hugo Chávez procede a devaluar el bolívar, moneda oficial, seguido de una crisis monetaria que ha generado al menos 15 devaluaciones y dos cambios en el cono monetario. En 2017 el bolívar había perdido al menos mil por ciento su valor, por lo que el uso del dólar comenzó a ser frecuente en contrataciones privadas y en otros negocios como mecanismo de preservación ante la devaluación constante del signo monetario. Pero esto se hacía bajo la sombra.

El uso del dólar para la época estaba prohibido y no había acceso a cuentas bancarias en moneda extranjera. Pero Arenas percibía sus pagos en dólares, por lo que él y otros trabajadores en la misma condición, únicamente con cuentas bancarias en Venezuela, tenían que coordinar con terceros con cuentas bancarias en el exterior o plataformas de cambio, para recibir sus pagos regulares.

En el caso de ZTE, Arenas afirma que cerca del 20% de los trabajadores eran de nacionalidad china. Añadió que el ambiente laboral que se vivía dentro de la planta era el de un “apartheid” y que los empleados locales solo ocupaban cargos intermedios o bajos.

“No nos mezclábamos. Los trabajadores venezolanos no estaban en altos cargos. Los extranjeros eran los únicos que se encargaban de la parte técnica. Estaban calificados, pero también había venezolanos que podían hacer ese trabajo”, dice.

Lo que más lamenta Arenas de su paso por la empresa no son las vulneraciones laborales que vivió, sino el tamaño de la inversión china para la comercialización electrodomésticos en Venezuela, que terminó en abandono. En total, el Gobierno venezolano invirtió 800 millones de dólares prestados por China para construir el complejo industrial de Haier.

“Son cinco galpones inmensos. Para recorrer la planta, había que montarse en un carrito (…) En la planta había neveras, cocinas, lavadoras, televisores traídos de China y que se chequeaban en Venezuela. Todo eso está paralizado. La razón técnica es que la planta nunca tuvo energía suficiente para arrancar a toda capacidad, pues se necesitaba una subestación eléctrica solo para eso. Pero la razón de que no haya arrancado es de carácter político. No hay voluntad para que las cosas funcionen”, dijo Arenas.

En noviembre de 2012 el entonces ministro de Industrias, Ricardo Menéndez, anunció que la primera fase del complejo industrial Haier tenía la capacidad de ensamblar 815 mil equipos electrodomésticos, lo que permitiría cubrir 70% la demanda de neveras y 63% de la demanda de lavadoras en el país. Incluso llegó a decir que la fábrica tenía el potencial de exportar electrodomésticos a los países del Mercosur, el ALBA e, incluso, a Europa y África.

Ocho años después de los anuncios del titular de la cartera de Industrias, el complejo sigue paralizado. La meta de ofertar productos de línea blanca, al igual que la creación de 104 empleos directos con garantías de calidad de vida y condiciones mínimas para trabajadores locales, también quedaron en papel.

Tras su experiencia con ZTE y Cellnetca, Arenas ahora trabaja con una empresa en el área de las telecomunicaciones que “sí respeta todas las condiciones establecidas en la Ley” venezolana.

“En esta relación binacional, Venezuela ha quedado en desventaja en materia económica y ha profundizado e importado formas de vulneración de los derechos laborales con consecuencias profundamente negativas”, afirma Gil.

El ritmo del que parece haber hablado el vicepresidente Jaua durante la inauguración de los trabajos en los valles del estado Miranda provenía de Asia. Un ritmo al son de evasiones a la Lottt, brechas salariales entre la mano de obra extranjera y la local, sindicatos patronales y deudas saldadas a través de contrataciones de servicios. “Se pagaban y se daban el vuelto”, reza un adagio venezolano.

Mientras Venezuela aún debe más de US$16 mil millones a China de acuerdo con los datos de la Fundación Andrés Bello, el desarrollo de Puerto Cabello, la producción de línea blanca en San Francisco de Yare en el estado Miranda y la conexión vial del Oriente con el Occidente del país continúan siendo promesas del convenio que, hasta ahora, no encuentra un saldo positivo para Venezuela.

*Los nombres fueron cambiados a petición de los entrevistados por temor a represalias.